Hace una década, el 6 de agosto de 2014, México fue testigo de uno de los peores desastres ambientales en su historia. La mina Buenavista del Cobre, operada por una filial de Grupo México en Cananea, Sonora, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. Este derrame afectó gravemente a más de 22 mil habitantes de ocho municipios, dejando el agua contaminada con metales pesados como arsénico, aluminio, mercurio, hierro y manganeso.
A pesar de la gravedad del incidente, los esfuerzos de remediación han sido ampliamente criticados por su insuficiencia. La población local continúa sufriendo las consecuencias de la contaminación, con daños persistentes en sus tierras de cultivo y animales, lo que ha mantenido vivo el clamor por justicia y una reparación adecuada de los daños.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asegurado que no habrá «carpetazo» en el caso del desastre ambiental en el Río Sonora. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO subrayó que este será un «expediente abierto», y que se continuará trabajando para lograr una remediación efectiva y la reparación de los daños. El presidente destacó que hay una denuncia penal en curso, tanto en el estado de Sonora como en la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta postura contrasta con la percepción de impunidad que ha prevalecido en la última década. Los habitantes de la región han expresado su frustración ante lo que consideran un manejo negligente de la situación por parte de las autoridades y la empresa responsable. El gobierno actual ha exigido a Grupo México un «nuevo programa de remediación», alegando que los esfuerzos realizados hasta la fecha no han sido suficientes para revertir el daño causado.
A pesar de las promesas de remediación, los habitantes de los municipios afectados continúan enfrentando los estragos del desastre. Los suelos agrícolas han perdido fertilidad, y el agua, esencial para la vida y las actividades económicas de la región, sigue presentando altos niveles de contaminación. Las comunidades locales han denunciado la sobreexplotación del agua por parte de Grupo México, lo que agrava aún más la situación.
El desastre no solo ha dejado una marca en el medio ambiente, sino también en la salud de los residentes, quienes están expuestos a sustancias tóxicas en su vida diaria. La falta de una solución efectiva y la demora en la reparación de los daños han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger el bienestar de la población.
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