Redacción: Guicel Garrido
Las recientes y devastadoras lluvias en México, que cobraron al menos 64 vidas y dejaron cuantiosos daños, han puesto en evidencia la urgencia de la adaptación climática en el país.
Las recientes e intensas lluvias que azotaron a cinco estados de la República Mexicana, cobrando al menos 64 vidas y dejando un número similar de personas desaparecidas al 13 de octubre, han puesto de manifiesto la grave vulnerabilidad del país ante el cambio climático y la insuficiente respuesta gubernamental en materia de adaptación. Organizaciones como Greenpeace México lamentan profundamente la pérdida de vidas y el daño en las 250 localidades afectadas, señalando que estos “desastres” no son puramente naturales, sino el resultado de una peligrosa mezcla de fenómenos exacerbados y la ausencia de políticas efectivas.
El aumento de la temperatura global modifica patrones atmosféricos con impactos cada vez más devastadores. Si bien los fenómenos meteorológicos son parte de la dinámica terrestre, su magnitud y frecuencia crecientes están directamente relacionadas con las actividades empresariales y corporativas de alto impacto. Sin embargo, la crítica se centra en la respuesta interna: una mala planeación urbana, infraestructura deficiente y la notoria inutilidad de los planes de respuesta y políticas de adaptación al cambio climático.
Estados como Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y la misma Ciudad de México, han visto gran parte de su territorio bajo el agua. Para Greenpeace, la prevención y respuesta de las autoridades ha sido claramente insuficiente. Pablo Ramírez, campañista de Justicia Energética de la organización, es contundente al afirmar que el problema no es la “desfortuna”, sino “decisiones políticas” que han priorizado el gasto en proyectos como gasoductos, en el anexo transversal 16 de presupuesto, en lugar de construir condiciones de atención y prevención efectiva a nivel estatal y municipal.
La cifra de fallecidos sigue en aumento, y los daños económicos son cuantiosos, a lo que se suma un costo incalculable en pérdidas intangibles: historias, hogares y tradiciones. Mientras la crisis climática se agrava, el presupuesto federal sigue recortando fondos al sector ambiental, al tiempo que incrementa el gasto en extracción y quema de combustibles fósiles, e incluso en la polémica técnica del fracking. Esta paradoja no solo alimenta la crisis, sino que acrecienta la pobreza energética, dejando a uno de cada tres hogares sin poder satisfacer sus necesidades básicas de energía, en un país supuestamente rico en recursos.
Ramírez subraya la cruel realidad: “cuando hablamos de quién paga el precio de la crisis climática, la realidad es otra y es tan cruda… como las propias imágenes de nuestro México ahogado”. Urge tomar en serio esta crisis. Es fundamental detener la inversión en actividades que agravan el cambio climático y, sobre todo, construir las capacidades y políticas necesarias para hacer frente a los impactos que ya están presentes. En naciones extremadamente vulnerables como México, la mejora de las políticas de adaptación no es una opción, sino una acción vital para salvar vidas.
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