Redacción: Javier Escárcega
Las muestras tomadas el 21 de enero de 2026 confirmaron que el agua tratada en las cuatro plantas operadas por la Camino Real Regional Utility Authority (CRRUA) se mantiene por debajo del Nivel Máximo de Contaminante (MCL) federal de 10 partes por mil millones (ppb) de arsénico.
Las pruebas más recientes forman parte del monitoreo trimestral de cumplimiento supervisado por el New Mexico Environment Department (NMED), organismo responsable de vigilar la calidad del agua potable en el estado. De acuerdo con la autoridad operadora, este es el quinto periodo consecutivo en el que las cuatro plantas cumplen con los estándares establecidos por la normativa federal. El límite permitido de arsénico, fijado en 10 ppb, constituye un parámetro clave para la protección de la salud pública. En términos técnicos, los resultados actuales indican que el sistema se encuentra dentro de los márgenes regulatorios. Sin embargo, el debate social trasciende la cifra puntual del análisis más reciente.
Juan Crosby, director ejecutivo de CRRUA, subrayó que el cumplimiento reiterado demuestra que la infraestructura de tratamiento funciona conforme a las exigencias de la Safe Drinking Water Act. Según sus declaraciones, la autoridad continúa respetando las normas federales y mantiene un monitoreo constante de los niveles de arsénico. Desde la perspectiva institucional, el resultado refleja estabilidad operativa y mejoras implementadas en los últimos años. No obstante, el historial previo de incumplimientos sigue influyendo en la percepción pública. La confianza, coinciden expertos en gestión hídrica, no se recupera únicamente con reportes técnicos favorables.
Para diversos residentes y organizaciones comunitarias, el cumplimiento actual no borra los efectos acumulados de fallas anteriores. Argumentan que la multa cercana a los 200 mil dólares confirma que existieron irregularidades que impactaron directamente a la población. Más allá del aspecto económico, sostienen que el problema principal radica en la erosión de la credibilidad institucional. Durante años, aseguran, las comunidades afectadas convivieron con incertidumbre respecto a la calidad del agua que consumían. En ese contexto, el cumplimiento reciente es visto como un paso necesario, pero no suficiente.
El propio Departamento de Medio Ambiente ha señalado que evalúa alternativas adicionales, incluida la posibilidad de una administración judicial temporal. Esta medida se analizaría mientras se renegocian acuerdos operativos entre las autoridades locales y el organismo gestor. Tal escenario revela la complejidad estructural del conflicto, que no se limita a parámetros químicos, sino que involucra gobernanza, financiamiento y supervisión. La eventual intervención buscaría fortalecer los mecanismos de control y transparencia. Sin embargo, su implementación dependerá de decisiones políticas y administrativas aún en discusión.
Desde la organización comunitaria en el sur de Nuevo México, Daisy Maldonado ha enfatizado que los resultados no garantizan certeza a las familias usuarias. En su posicionamiento público, sostuvo que el acuerdo actual no asegura agua segura de manera permanente. Este señalamiento refleja una preocupación estructural, la necesidad de soluciones sostenibles que eviten retrocesos futuros. Para los habitantes, la seguridad hídrica implica continuidad, no solo cumplimiento momentáneo. El reclamo central gira en torno a la estabilidad del sistema y la vigilancia permanente.
El impacto financiero también es motivo de inquietud entre los residentes. Además de la multa impuesta, se han registrado incrementos en las tarifas del servicio, lo que agrava la percepción de carga económica para las familias. Muchos consideran que no deberían asumir costos derivados de fallas administrativas previas. Este componente económico intensifica el debate sobre responsabilidad institucional. La gestión del agua, subrayan líderes locales, debe equilibrar viabilidad financiera con equidad social.
La situación ha reactivado una discusión más amplia sobre transparencia, rendición de cuentas y justicia ambiental. Para la comunidad, el problema no se limita a un episodio técnico, sino a décadas de demandas por un suministro confiable. Aunque los datos actuales indican cumplimiento normativo, la legitimidad del sistema depende de reconstruir la confianza perdida. El reto para las autoridades será consolidar un esquema de gobernanza robusto, participativo y sostenible. Solo así, coinciden habitantes y especialistas, podrá cerrarse definitivamente un capítulo marcado por la incertidumbre.
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