Ricardo Burgos
La escasez de agua es muy grave en el Estado de México; según la Comisión Nacional del Agua, alrededor de un millón de personas en esa entidad carece de suministro seguro para sus necesidades elementales. Gente de cientos de colonias no tiene otra alternativa que adquirir agua de las pipas particulares, con precios que ponen los mismos vendedores y extraída de pozos clandestinos en su mayoría.
El problema de falta de agua en alrededor de 120 de los 125 municipios mexiquenses se origina por el cambio climático que ha intensificado las sequías y reducido las lluvias, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el crecimiento poblacional desordenado, la urbanización masiva y sin planeación, la contaminación, el robo de agua o “huachicoleo” en complicidad con autoridades de distintos niveles de gobierno.
Han pasado administraciones de todos los partidos en el Estado de México y el conflicto en lugar de resolverse se ha profundizado, pero el asunto es que miles de personas continúan sin abasto regular del vital líquido; no ha habido manera de asegurarles un suministro eficiente y seguro.
Y para acabar de agravar el problema, el pasado viernes 24 de octubre se puso en marcha en el Estado de México la “Operación para combatir el lucro ilícito del agua” en 48 municipios, en busca de desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización de este líquido, de manera ilegal.
Fue una acción conjunta con varias secretarías federales – Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina –, Comisión Nacional del Agua, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la secretaría estatal de Seguridad estatal y policías municipales. El comunicado oficial conjunto destaca que se intervinieron 200 puntos de “huachicoleo” hídrico, entre ellos pozos, tomas irregulares, redes paralelas y centros de distribución.
En esos lugares – de acuerdo con el reporte oficial – se encontraron redes de tubería conectadas directamente a ductos públicos o pozos que operaban sin concesión; las autoridades también aseguraron pipas y cisternas utilizadas para el traslado del agua robada. El reporte señala que esos lugares eran operados por supuestas organizaciones sociales y sindicales como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México y colectivos como “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo” y “Chokisa”. No hay una cuantía oficial de las pérdidas materiales por este delito, pero deben ser miles de millones de pesos.
Se habla de castigos y sanciones penales a los operadores de esta “mafia del agua”; las autoridades prometen que también se van a buscar a los responsables de las administraciones federales, estatales o municipales que permitieron este ilícito durante años. Veremos si de verdad hay sanciones penales para todos o, como suele pasar, se van a detener a unos cuantos “chivos expiatorios” y el asunto se va a quedar ahí, como ha ocurrido con el “huachicol fiscal o petrolero”, en el que están inmiscuidos Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y varios de sus familiares, uno de ellos ya detenido.
A final de cuentas, quienes ya la están padeciendo severamente –sin deberla — son las miles de personas de cientos de colonias del Estado de México que dependían de ese suministro cotidiano de las pipas de agua, ilegales o no, para cubrir sus necesidades básicas. Las autoridades mexiquenses afirman que van a regularizar la distribución, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho.
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