Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
Entre ampliaciones territoriales, falta de presupuesto y presiones extractivas, las ANP enfrentaron un año de claroscuros en la agenda ambiental regional y global.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) continúan siendo uno de los instrumentos más relevantes para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Durante el último año, estos territorios registraron avances significativos en términos de reconocimiento, ampliación y restauración ecológica; sin embargo, también enfrentaron retrocesos marcados por recortes presupuestales, debilitamiento institucional y presiones derivadas de actividades extractivas y de infraestructura.
A nivel internacional, 2025 estuvo marcado por el impulso a la meta 30×30, que busca proteger al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030. En este contexto, diversos países anunciaron la creación de nuevas reservas naturales, así como la ampliación de parques nacionales y corredores biológicos estratégicos. Estas acciones representaron un avance importante para la conectividad ecológica y la protección de especies en riesgo.
En América Latina, región que concentra una de las mayores biodiversidades del planeta, se observaron esfuerzos relevantes para fortalecer áreas protegidas en selvas, humedales y zonas costeras. Algunos gobiernos apostaron por modelos de conservación comunitaria, reconociendo el papel clave de pueblos indígenas y comunidades locales en el resguardo de los ecosistemas. Estas iniciativas demostraron que la conservación puede coexistir con el desarrollo social cuando se basa en la participación y el respeto al territorio.
No obstante, los avances convivieron con retrocesos preocupantes. En varios países, las ANP enfrentaron recortes financieros que limitaron la vigilancia, el monitoreo ambiental y los programas de restauración. La reducción de personal especializado debilitó la capacidad de respuesta frente a delitos ambientales como la tala ilegal, la caza furtiva y la ocupación irregular de zonas protegidas.
Otro factor crítico fue la presión creciente de proyectos mineros, energéticos y turísticos en regiones ecológicamente sensibles. En algunos casos, cambios normativos o flexibilización de regulaciones ambientales abrieron la puerta a actividades incompatibles con los objetivos de conservación, generando conflictos socioambientales y afectaciones directas a la biodiversidad.
En el ámbito marino, aunque se anunciaron nuevas reservas oceánicas, persisten desafíos relacionados con la pesca ilegal y la falta de mecanismos efectivos de control en aguas profundas. La protección sobre el papel no siempre se tradujo en conservación real, evidenciando la brecha entre los compromisos internacionales y su implementación.
Especialistas coinciden en que el balance del año refleja una tensión constante entre conservación y modelos de desarrollo tradicionales. Si bien existe mayor conciencia pública sobre la importancia de las ANP frente a la crisis climática, aún falta voluntad política sostenida, financiamiento adecuado y coordinación interinstitucional para garantizar su protección a largo plazo.
De cara al próximo año, el reto será transformar los anuncios en acciones concretas, fortalecer la gobernanza ambiental y asegurar que las áreas naturales protegidas no solo existan, sino que cumplan efectivamente su función de resguardar el patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras.
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