Redacción: Regina De Quevedo
El pasado 24 de diciembre, la ASEA dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la segunda fase de regularización para los permisionarios de estas instalaciones, cuyo carácter será temporal y voluntario para instalaciones del sector hidrocarburos previamente inscritas.

Se estima que seis de cada diez instalaciones del sector hidrocarburos inscritas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (Renagas) no cuentan con una autorización vigente o actualizada de impacto ambiental, por lo que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó un programa extraordinario de regularización. El pasado 24 de diciembre, la ASEA dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la segunda fase de regularización para los permisionarios de estas instalaciones, cuyo carácter será temporal y voluntario para instalaciones del sector hidrocarburos previamente inscritas.
La agencia liderada por Armando Ocampo resaltó que entre los principales beneficios de esta segunda etapa se encuentra la posibilidad de acceder a un esquema de regularización gradual que tiene prevista la reducción de hasta 70% en las sanciones económicas, siempre que las instalaciones no representen un riesgo para la población, la seguridad operativa o el medio ambiente. “Este incentivo busca facilitar el cumplimiento de obligaciones ambientales pendientes, evitar clausuras innecesarias y promover la corrección administrativa de irregularidades históricas, sin comprometer los estándares de seguridad ni la vigilancia regulatoria”, indicó la agencia.
De igual manera, la segunda fase pretende ordenar y homologar las autorizaciones ambientales sin reemplazar el régimen ordinario de supervisión y sanción. “El programa no crea nuevas obligaciones, no reemplaza permisos vigentes ni modifica estándares técnicos; se circunscribe a instalaciones inscritas en el Renagas”, resaltó. La autoridad reguladora, adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), subrayó que el enfoque del programa es preventivo y de reducción de riesgos, con reglas claras y un esquema gradual que privilegia la regularización administrativa de operaciones que, en los hechos, son necesarias para el suministro de combustibles en todo el territorio nacional.
El acuerdo abre una vía extraordinaria, temporal y voluntaria para la regularización de sus obligaciones legales en materia de impacto ambiental de Plantas de Distribución de Gas L.P y Estaciones de Servicio de gasolinas y diésel o Gas L.P registradas previamente en el RENAGAS. Todo esto, deriva de un diagnóstico que identificó desajustes entre autorizaciones ambientales históricas y la operación actual de aproximadamente 60% de las instalaciones registradas que han evolucionado con el tiempo.
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