Redacción: Naomi Vargas
Mientras el mundo debate sobre la migración climática, millones de personas enfrentan el lado invisible de la crisis: no poder moverse.
El cambio climático está dejando atrapadas a comunidades enteras en zonas cada vez más peligrosas. Sin recursos, sin infraestructura y sin apoyo, miles de familias viven una inmovilidad forzada que revela una injusticia silenciosa en la lucha contra la emergencia climática.
En distintas regiones del planeta, desde los deltas asiáticos hasta las selvas latinoamericanas, el cambio climático no solo desplaza, también inmoviliza. Este fenómeno, conocido como inmovilidad involuntaria, describe la situación de las personas que desean abandonar sus hogares ante los riesgos ambientales, pero no pueden hacerlo. Aunque la migración climática ha captado la atención mundial, los científicos advierten que millones permanecen atrapados en lugares donde el calor extremo, las sequías o las inundaciones hacen cada vez más difícil sobrevivir.
Según un informe reciente publicado en Nature Communications, el número de comunidades inmovilizadas crece a la par del deterioro ambiental. No se trata solo de falta de transporte, sino de una combinación de pobreza, barreras políticas y vínculos culturales que impiden el desplazamiento. En muchas zonas rurales, las familias pierden sus cultivos o sus medios de vida, y con ello también los recursos para migrar. En otras, las carreteras se destruyen tras tormentas o las leyes migratorias impiden abandonar el territorio.
El resultado es una forma de vulnerabilidad invisible. Quienes permanecen en zonas de riesgo no lo hacen por elección, sino por imposición. Investigadores advierten que esta “inmovilidad forzada” afecta principalmente a las poblaciones más pobres y a las comunidades indígenas, como los maoríes de Nueva Zelanda o las familias costeras del Pacífico Sur, donde el aumento del nivel del mar amenaza con borrar aldeas enteras del mapa. Sin medios para marcharse, muchos optan por resistir, incluso cuando las condiciones son insostenibles.
Expertos en justicia climática señalan que este fenómeno refleja un profundo desequilibrio global. Las naciones más responsables de las emisiones históricas cuentan con infraestructura para adaptarse, mientras que las comunidades menos contaminantes son las más afectadas. Para 2050, casi todos los campos de refugiados del mundo podrían enfrentar temperaturas peligrosas, advierte el estudio. Frente a ello, los especialistas proponen incluir la inmovilidad en las políticas climáticas y destinar recursos a programas de apoyo que garanticen condiciones seguras tanto para quienes deciden migrar como para quienes deben quedarse.
No obstante, la falta de datos dificulta dimensionar el problema. Muchas de estas poblaciones no figuran en censos ni registros oficiales, lo que las deja fuera de la planificación ante desastres. Para los investigadores, reconocer su existencia es el primer paso hacia la justicia ambiental. La crisis climática no solo se mide por los que huyen, sino también por los que no pueden hacerlo. Y es ahí donde el planeta revela su rostro más desigual.
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