Redacción: Daniel Noriega
Activistas denuncian que la Ley de Bienestar Animal lleva más de un año congelada en la Cámara de Diputados. Señalan presión de la industria cárnica y 102 iniciativas caducadas.
La protección animal en México enfrenta un bloqueo legislativo sin precedentes. A más de un año de las reformas constitucionales que reconocen a los animales como seres sintientes, la Ley General de Bienestar Animal permanece “congelada” en la Cámara de Diputados, dejando en el limbo jurídico a millones de especies.
La situación es crítica y ha encendido las alertas de organizaciones civiles. Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, reveló en una entrevista reciente que un total de 102 iniciativas presentadas por diversos colectivos y legisladores han “caducado” simplemente porque no fueron discutidas en tiempo y forma. Este vacío legal contrasta dolorosamente con el mandato constitucional vigente desde diciembre de 2024, el cual, en teoría, debería garantizar un trato digno a todas las especies.
El estancamiento no parece ser casualidad. Activistas señalan que detrás de esta parálisis podría estar la fuerte presión de la industria cárnica, un sector que se vería obligado a modificar sus estándares de producción si la ley se aprobara con los criterios adecuados. Actualmente, la única propuesta que sobrevive, impulsada por el Partido Verde (PVEM) en el Senado, ha sido duramente criticada por excluir de la protección a los animales destinados al consumo humano, dejándolos vulnerables a prácticas crueles en granjas y mataderos.
Ante este escenario, Igualdad Animal ha anunciado una alianza estratégica con la bancada de Movimiento Ciudadano para presentar una nueva iniciativa. Esta propuesta busca integrar los “cinco dominios” del bienestar animal: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. El objetivo es claro: garantizar que especies como las gallinas o cerdos no pasen su vida en jaulas inmovilizantes y tengan la libertad de expresar comportamientos naturales, como rascar la tierra o socializar.
La importancia de adoptar estos dominios radica en cambiar el enfoque legal: ya no basta con “evitar la crueldad” visible, sino promover estados mentales positivos. Esto implicaría una transformación radical en los sistemas de producción intensiva, obligando a las corporaciones a invertir en infraestructura ética en lugar de priorizar únicamente el volumen y la rentabilidad, lo cual explica la resistencia feroz de los cabilderos del sector agroalimentario.
La exigencia es que la nueva legislación tenga dientes y no sea letra muerta; debe aplicarse a nivel federal, estatal y municipal. Mientras los legisladores postergan el debate, México sigue operando bajo normas arcaicas que ignoran la sintiencia animal ya reconocida en nuestra Carta Magna.
El tiempo se agota para esta legislatura y para los animales que esperan protección. La sospecha de que los intereses económicos están dictando la agenda legislativa crece cada día que la ley permanece en la “congeladora”. Es hora de que el Congreso decida si legisla para la vida o para el lucro.
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