Redacción: Naome Zavala
Justo cuando el mundo tiene los ojos puestos en Brasil como anfitrión de la COP30 en noviembre, el Congreso brasileño ha dado un golpe de timón que sacude los cimientos de su política ambiental. En la madrugada de este jueves 17 de julio, se aprobó una controvertida reforma legal que flexibiliza la concesión de licencias ambientales, una medida que ha sido recibida con una mezcla de indignación y apoyo, y que pone al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una encrucijada.
La normativa, conocida por sus críticos como el “proyecto de la devastación”, introduce excepciones en los requisitos para obras estratégicas y simplifica la obtención de ciertos permisos a través de una mera declaración de compromiso. Tras su aprobación en el Senado en mayo, la Cámara de Diputados dio luz verde al texto con 267 votos a favor contra 116 en contra, dejando ahora la decisión final en manos de Lula, cuya administración busca posicionar a Brasil como líder en la lucha contra el cambio climático.
La situación es paradójica para el gobierno de Lula. Mientras el mandatario promueve la imagen de un Brasil comprometido con el medio ambiente, al mismo tiempo impulsa un ambicioso proyecto de exploración petrolera cerca de la Amazonía, que aún espera la aprobación ambiental. Esta dualidad ha generado fricciones internas: el Ministerio de Ambiente ha calificado la reforma como un “golpe mortal”, mientras que la cartera de Agricultura ha manifestado su apoyo.
El debate en el Congreso fue acalorado y la votación, que se extendió hasta la madrugada, reflejó la polarización. Pese a la oposición del bloque oficialista, los defensores del proyecto argumentaron que su objetivo es “simplificar” la burocracia para impulsar el “desarrollo” económico del país. “No hay una coma que ponga en riesgo el medio ambiente, buscamos vencer a la burocracia”, afirmó el diputado Zé Vitor, del Partido Liberal.
Sin embargo, las voces de alerta no se han hecho esperar. La diputada indígena Célia Xakriabá denunció la ley como un “ecocidio autorizado”. Organizaciones como el Observatorio del Clima la tildaron del “mayor retroceso ambiental legislativo desde la dictadura”, y Greenpeace lanzó una campaña con el lema “¡Veta, Lula!”. La ministra de Ambiente, Marina Silva, advirtió que es un “tiro en el pie” que perjudica los intereses ambientales y económicos. Incluso el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) ha anunciado que impugnará la reforma por considerarla inconstitucional.
La aprobación de esta ley no solo ensombrece la preparación de Brasil para acoger la COP30 en Belém, sino que también subraya la tensión constante entre el crecimiento económico y la conservación ambiental. La decisión que tome el presidente Lula será fundamental para definir la hoja de ruta ambiental de Brasil y su credibilidad en el escenario internacional.
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