Redacción: Naome Zavala
El Gobierno de Brasil anunció con entusiasmo la adjudicación de 19 yacimientos de petróleo frente al delta del río Amazonas, como parte de una subasta récord organizada por la Agencia Nacional del Petróleo. El evento generó ingresos de 989 millones de reales (unos 180 millones de dólares), y se espera que las empresas ganadoras inviertan anualmente más de 260 millones de dólares en exploración y extracción.
El resultado fue celebrado como un éxito por el Ministerio de Minas y Energía, que lo calificó como una señal de desarrollo y generación de oportunidades. El ministro Alexandre Silveira afirmó que esta nueva frontera petrolera impulsará el crecimiento regional y reducirá desigualdades, especialmente en zonas como Amapá, uno de los estados más pobres del país.
Sin embargo, la subasta desató una ola de protestas en Brasil y en el extranjero. Ecologistas e indígenas se manifestaron en Río de Janeiro con pancartas que llamaban al evento “la subasta del Juicio Final”. También hubo movilizaciones en Bonn, Alemania, donde se realiza una reunión previa a la COP30. Los manifestantes criticaron al presidente Lula da Silva por permitir la expansión petrolera en plena preparación de una cumbre climática.
A pesar de que Lula busca posicionar a Brasil como líder en la lucha ambiental, el momento elegido para impulsar esta subasta ha sido visto por muchos como contradictorio. La COP30, que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, una ciudad amazónica, podría verse opacada por las decisiones energéticas del propio Gobierno brasileño.
Empresas como Petrobras, Exxon, Chevron y la china CNPC fueron algunas de las ganadoras de las concesiones. El contrato oficial se firmará en octubre, poco antes de que comience la COP30. Para grupos ambientalistas como Greenpeace, es “increíble” que Brasil quiera liderar la agenda climática mientras sigue apostando por los combustibles fósiles.
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