La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha coauspiciado un destacado foro en Panamá, el segundo de su tipo anual, enfocado en la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Este evento ha reunido a altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos, organizaciones internacionales y activistas de la región con un objetivo claro: promover, prevenir y proteger a aquellos individuos que desempeñan un papel crucial en la sociedad en medio del cambio climático.
Los participantes en este cónclave destacaron la diversidad de los defensores ambientales, quienes a menudo provienen de comunidades marginadas o discriminadas, como los indígenas y afrodescendientes. Resaltaron la importancia de que cualquier plan de acción que surja del foro reconozca y aborde esta diversidad.
El trabajo de los defensores del medio ambiente abarca realidades diversas; muchos de ellos son miembros de comunidades que enfrentan discriminación y desigualdades. Sin embargo, esto no los detiene en la protección de sus territorios, culturas, medios de vida y formas de vida. Esto es especialmente evidente en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, una realidad enfatizada por los asistentes al foro.
En la primera jornada de discusiones, los participantes hicieron un llamado a los Estados y gobiernos de la región para que refuercen la protección de los defensores ambientales y garanticen un entorno seguro y propicio para su labor esencial.
El foro también destacó la relevancia del Acuerdo de Escazú como instrumento para garantizar la democracia, la protección del medio ambiente, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y la defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Carlos de Miguel, encargado de la Secretaría del Acuerdo de Escazú y jefe de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, señaló que este acuerdo representa un gran avance ambiental para la región, aunque subrayó la necesidad de soluciones urgentes para las situaciones complejas que a menudo enfrentan los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y aborda específicamente los derechos humanos en asuntos ambientales, marcando un hito importante en la región. Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, enfatizó la importancia de contar con un plan de acción para implementar estas disposiciones y encontrar los mecanismos necesarios.
Los participantes en el foro concluyeron que la colaboración entre gobiernos y organizaciones mundiales es esencial en la lucha contra la rápida degradación de los ecosistemas y el cambio climático. Los desafíos ambientales requieren una respuesta conjunta y urgente por parte de todos los actores involucrados.
Este evento marca un paso crucial en el esfuerzo por proteger a quienes se dedican valientemente a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina y el Caribe. El plan de acción que se elabora en este foro promete ser una guía importante en esta tarea.
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