Redacción: Amairany Ramírez
En los últimos años, la crisis climática y ecológica ha comenzado a poner en grave peligro las comunidades, ecosistemas y el desarrollo productivo en Chile, la acelerada degradación ambiental, combinada con los efectos del cambio climático, está empujando al país hacia una situación insostenible. En este contexto, expertos y organizaciones sociales advierten que se requiere con urgencia un cambio transformador para preservar la naturaleza y garantizar un futuro habitable para las generaciones venideras.
El principal desafío que enfrenta el país es la pérdida acelerada de biodiversidad, que podría desencadenar efectos irreversibles no solo en el medio ambiente, sino también en la sociedad y economía chilena. Según las organizaciones ambientalistas, la ventana de oportunidad para frenar esta tendencia se está cerrando rápidamente, y si no se toman decisiones acertadas de manera inmediata, las consecuencias podrían ser devastadoras. En este contexto, la urgencia de un cambio profundo en el modelo de desarrollo se vuelve más evidente que nunca.
Recientemente, más de 160 organizaciones comunitarias y ambientales chilenas emitieron una declaración dirigida al Gobierno y al Senado, expresando su preocupación por una agenda que prioriza la inversión sin tener en cuenta los impactos socioambientales. En su comunicado, estas organizaciones señalan que esta postura podría significar un retroceso en la protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades. La falta de un enfoque equilibrado, que contemple tanto el crecimiento económico como el resguardo del entorno natural, es considerada por muchos como una contradicción fundamental en el camino hacia un futuro sostenible.
El debate en torno a la simplificación de los procesos de permisos y evaluaciones ambientales ha cobrado gran relevancia en la agenda pública. El Gobierno, presionado por el sector privado, sostiene que los plazos largos en estos trámites son una traba para la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, este enfoque ha generado temores de que, bajo la premisa de agilizar los proyectos, se flexibilicen los estándares de protección ambiental, con lo cual se podría poner en riesgo la salud de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.
El panorama es aún más preocupante cuando se observa la creciente presión de la industria del hidrógeno verde, que se está desarrollando sin las condiciones mínimas necesarias para garantizar un impacto ambiental positivo. Además, la creciente explotación de litio en el país, que pone en riesgo los salares del norte de Chile, y la falta de compromiso en la regulación de la salmonicultura en áreas protegidas, aumentan aún más las tensiones entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
La llamada es clara: la rectificación del rumbo es esencial. Solo a través de un diálogo político basado en evidencia técnica y científica, y un compromiso real con la protección ambiental, será posible garantizar un futuro en el que el crecimiento económico y el bienestar humano no sean opuestos a la conservación de la naturaleza. De lo contrario, el país podría enfrentar un futuro incierto y cada vez más riesgoso para sus comunidades, su biodiversidad y su economía.
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