Redacción: Inés Arroyo
La suspensión del dictamen sobre la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros ha generado una fuerte controversia en el Congreso de la Ciudad de México. Legisladores de diferentes partidos han calificado la intervención del Poder Judicial como un acto ilegal que atenta contra la autonomía del Congreso local.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Sala Constitucional, emitió dos fallos contradictorios sobre la iniciativa. En el primero, solicitado por Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, el tribunal indicó que no tenía competencia para involucrarse en el tema. Sin embargo, en un segundo fallo, decidió abordar las consecuencias laborales para los trabajadores de la tauromaquia. Este recurso fue promovido por el diputado morenista Alberto Vanegas, quien tiene vínculos con empresarios taurinos.
Los legisladores de oposición no tardaron en criticar la intervención judicial, acusando una maniobra para frenar la iniciativa ciudadana. Arturo Berlanga, presidente de Anima Naturalis, afirmó que la intervención está impulsada por la corrupción y los intereses de la industria taurina, y advirtió que los derechos de los ciudadanos y el proceso legislativo están siendo ignorados.
La diputada Daniela Álvarez calificó el fallo de la Sala Constitucional como «arbitrario» y una violación de los derechos de las más de 27 mil personas que respaldaron la iniciativa. Álvarez señaló que la Sala había afirmado anteriormente no tener facultades para intervenir, ya que el dictamen aún no era una ley.
Por su parte, legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde defendieron la autonomía del Congreso. Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que la intervención del Tribunal Constitucional pone en peligro futuros procesos legislativos. «Aceptar que el tribunal suspenda iniciativas podría paralizar el trabajo legislativo», advirtió Torres.
El coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, también criticó la suspensión, llamándola «arbitraria» y advirtió que este tipo de decisiones podrían paralizar el Congreso. «Este fallo es un precedente peligroso», indicó.
Mientras tanto, Patricia Urriza, diputada del PRI, destacó la incongruencia de Morena, que por un lado pide reformar el Poder Judicial y, por otro, se inmiscuye en el trabajo legislativo a través de decisiones del tribunal.
La presión para resolver la situación crece, ya que la iniciativa ciudadana preferente debe ser discutida y votada a más tardar el 11 de marzo. Los diputados han exigido que se retome el proceso de dictaminación sin más dilaciones, y han llamado a la ciudadanía a exigir claridad y decisiones firmes de sus representantes.
La batalla por las corridas de toros sigue en pie, y el futuro de la iniciativa depende de la resolución de este conflicto entre los poderes judicial y legislativo.
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