Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El Ministerio de Minas y Energía presentó un ambicioso proyecto de ley que busca reducir tarifas, garantizar transparencia en la facturación y dar voz a los ciudadanos dentro del sistema energético colombiano.
El Gobierno colombiano dio un paso clave hacia la transformación de su sistema energético. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley “Regulación justa y democratización del sector energético”, una propuesta que promete cambiar la forma en que se administra y distribuye la energía en el país.
El objetivo es claro: construir un modelo más equitativo, transparente y sostenible, que priorice las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo impulse la transición energética justa frente al cambio climático.
“Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”, aseguró Palma, destacando que este paso busca no solo bajar las tarifas, sino también devolver la confianza ciudadana en un sistema que por años ha sido criticado por su falta de equidad.
Entre los puntos más importantes del proyecto se encuentran:
- La redefinición de subsidios, para que lleguen realmente a los hogares más vulnerables.
- La creación de tarifas diferenciales para industrias verdes y usuarios de bajos ingresos.
- La prohibición de cobros ajenos al servicio dentro de la factura eléctrica.
- La inclusión de representantes ciudadanos, académicos y sindicales en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Además, se propone que los estratos altos (5 y 6) y ciertos sectores no residenciales asuman de manera solidaria parte de la deuda tarifaria que hoy afecta a los hogares de menores ingresos. Con esto, el Gobierno busca aplicar el principio constitucional de redistribución y solidaridad, equilibrando las cargas económicas del país.
La nueva composición de la Creg refleja este cambio estructural. Estaría integrada por ministros, expertos, académicos, sindicatos y representantes de los usuarios, asegurando que las decisiones no se tomen solo desde los escritorios del poder, sino también desde la experiencia ciudadana.
Otro punto innovador será la creación del Comité Consultivo Ciudadano, un espacio permanente de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Este comité permitirá que la ciudadanía participe directamente en los procesos regulatorios, fortaleciendo la transparencia y la confianza pública.
“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia”, recalcó Palma.
Con esta iniciativa, Colombia busca no solo reducir las tarifas de energía, sino construir un modelo más humano, donde la energía sea un derecho accesible y no un privilegio económico.
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