Colombia se ha consolidado como el país más peligroso para los defensores de la tierra y del medio ambiente; según el último informe de Global Witness, Hispanoamérica encabeza la lista mundial de asesinatos de activistas, con un total de 79 casos en 2023. Desde 2012, cuando GW comenzó a registrar estos crímenes, el país ha acumulado un alarmante número de 461 asesinatos, la cifra más alta a nivel global, esta situación pone de manifiesto la grave crisis de seguridad que enfrentan los líderes sociales y ambientales en Colombia.
Uno de los casos más representativos de esta crisis es el del líder indígena Phanor Guazaquillo, asesinado en diciembre de 2023 en el departamento de Putumayo. Guazaquillo, quien había sido una figura clave en la restitución de tierras y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, fue abatido a tiros pese a haber alertado a las autoridades sobre las amenazas que recibía. Su muerte es solo una muestra de la vulnerabilidad a la que se enfrentan quienes defienden sus territorios y el medio ambiente en medio de un conflicto armado aún latente.
Colombia: epicentro de la violencia contra defensores
El informe de GW revela que Hispanoamérica sigue siendo la región más letal para los defensores de la tierra, con el 85% de los casos registrados en 2023 ocurriendo en países Hispanoamérica. En el caso de Colombia, los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo son las zonas más peligrosas, debido a la presencia de grupos armados ilegales y conflictos por el control territorial, exacerbados por la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Además, los defensores indígenas y campesinos son los más afectados por esta ola de violencia; en 2023, 31 de los defensores asesinados eran indígenas y 17 eran pequeños campesinos. Estos líderes no solo luchan por la protección de sus tierras, sino también por la preservación del medio ambiente en un contexto donde la expansión del modelo extractivista y la deforestación siguen avanzando sin freno.
Falta de protección y alta impunidad
Uno de los factores que contribuye a esta situación es la falta de respuesta por parte del estado colombiano. A pesar de la existencia de más de 30 normativas destinadas a proteger a los defensores, las entidades del estado no han logrado coordinar sus acciones de manera efectiva. En el caso de Guazaquillo, su solicitud de protección fue ignorada, lo que demuestra las falencias del sistema, la impunidad también juega un papel crucial en esta crisis: el 90% de los casos de violencia contra defensores no llegan a ser resueltos judicialmente.
La esperanza del Acuerdo de Escazú
La reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia, un tratado que busca proteger a los defensores ambientales en Hispanoamérica, podría ofrecer un marco legal más robusto para garantizar la seguridad de los activistas. Además, la celebración de la Cumbre de Biodiversidad COP16 en noviembre de 2024 en Cali brindará una oportunidad para poner este tema en el centro de la agenda política internacional y buscar soluciones concretas para frenar la violencia. El desafío sigue siendo enorme, pero la presión interna e internacional podría ser clave para revertir la tragedia que enfrentan los defensores de la tierra y el ambiente en Colombia.
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