Columna Daniel Lee
Ciudad de México 4 abril 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para detener el aumento progresivo de la edad de jubilación establecido en la reforma de 2007. Ahora, los hombres podrán jubilarse a los 58 años y las mujeres a los 56 años, en lugar de los incrementos previstos para 2026 y 20282.
Esto ocurre en medio de un contexto de crecientes tensiones políticas y laborales, y como «decretazo», pega a un pilar clave de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Esta decisión desafía el equilibrio de poderes y pone en riesgo la sustentabilidad del sistema de pensiones.
Aunque el decreto beneficia a los trabajadores del ISSSTE, no incluye estudios sobre el impacto financiero a largo plazo. En este 2025, el gobierno ya subsidia al ISSSTE con 386 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones.
Sin embargo, bajo la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos sindicales, Sheinbaum simplemente optó por revocar estos ajustes.
El Decreto Presidencial enviado por el ISSSTE a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) reduce las edades de jubilación a 58 años para los hombres y 56 para las mujeres, aplicable solo a burócratas con antigüedad previa a enero de 2008. Este cambio inmediato rompe con la gradualidad prevista, otorgando beneficios directos a ciertos trabajadores en activo, en lo que parece una concesión política con efectos a corto plazo, pero que compromete el futuro del sistema.
Ahora bien, más allá de su impacto en el sistema de pensiones, esta medida representa una amenaza para el equilibrio democrático. La decisión de Sheinbaum elude el proceso legislativo, desplazando al Congreso y debilitando su papel en la creación y modificación de leyes. En un sistema democrático, los cambios estructurales deben debatirse en el Poder Legislativo, no imponerse unilateralmente desde el Ejecutivo.
Si bien alguna de las cámaras del Congreso podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, la mayoría legislativa controlada por la 4T reduce significativamente las probabilidades de que esto ocurra. Esta falta de contrapesos refuerza la concentración del poder en el Ejecutivo, estableciendo un precedente peligroso para el futuro del país.
El inminente decreto, que podría publicarse en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación, obliga a una reflexión profunda sobre la forma en que se están tomando las decisiones gubernamentales. Aunque la defensa de los derechos laborales es una causa legítima, estas medidas no deben implementarse a costa de las instituciones democráticas. En lugar de ceder a presiones sindicales y adoptar soluciones inmediatas, el gobierno debería apostar por un diálogo amplio que conduzca a reformas estructurales sostenibles y equitativas.
El futuro de millones de trabajadores y la solidez de nuestro sistema democrático dependen de decisiones bien fundamentadas, tomadas en el marco de la legalidad y el respeto institucional. El camino correcto no es gobernar por decretazo, sino fortalecer el debate legislativo y la participación ciudadana para construir un país más justo y sustentable.
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