¡Oh Ciencia! tu eres la verdadera hija del viejo tiempo, tu,
cuya mirada indiscreta transforma todas las cosas!
A la Ciencia, escrito en 1829; Edgar Allan Poe
Mientras en todo el mundo las autoridades, las instituciones, los investigadores y académicos trabajan por enriquecer los planes y programas de estudio, de crecimiento y difusión de la ciencia y la tecnología, en América Latina –salvo algunas excepciones- los gobiernos buscan frenar su desarrollo para control político y social.
México es claro ejemplo de ello. La austeridad republicana que ahora dicen vivir desde Palacio, marca un freno casi total al uso de nuevas tecnologías para abrir una siguiente etapa metodológica en las ciencias. Consta que académicos e investigadores en nuestro país están abiertos e interesados por acceder a mejores niveles de desarrollo que permitan forjar un futuro de nación, menos complicado, por decirlo de alguna manera.
Pero en fin, eso es punto para otros temas. La Cultura Impar encontró algunos resultados de lo que pasa en las áreas de investigación y ciencia, en instituciones de educación superior de México, que más allá de intereses políticos, se ven empujadas por una inercia muy positiva de sus comunidades académicas, estudiantiles y de investigación. No de las autoridades, que conste.
Parece que la única manera en que los podrán parar, será ahogando sus presupuestos, y a la 4t le urge frenarlos en seco y que no se le vaya de las manos ese sector tan influyente en la formación de opinión.
Para muestra, un botón: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la Cuenta Pública 2021. Destaca irregularidades en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por mil 038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 millones y otros 836.2 millones quedan pendientes de aclarar.
Según la tercera entrega de esta Cuenta Pública, las anomalías aparecen principalmente en las becas de posgrado y apoyos a la calidad. Conacyt, tiene un tiempo legal para aclarar todo.
Pero son varias cosas. El reporte de la Auditoría menciona también que se encontró el nombre de cinco investigadores que ya fallecieron, y son (en presente), beneficiarios de montos superiores a los seis millones de pesos, así como otros que no pertenecen a los programas del Conacyt.
Lo cierto es que la administración federal actual -la 4t por decirlo claramente- menciona que todos esos ataques son infundados, mal intencionados, y, usando palabras vertidas desde las mañaneras, “seguramente vienen desde la oposición conservadora del pasado”.
Algo sigue pasando en el Conacyt, y por eso la ASF recomendó fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a fin de contar con programas de actualización continua, por ejemplo de su inventario de bienes muebles.
Otras observaciones a las que se hace mención, hablan del pago a la liquidación a un empleado de confianza (obvio, por cuestiones legales sin decir el nombre), que alcanzó un importe neto de 126.3 millones de pesos sin que se haya rescindido su relación laboral.
Al respecto, la auditoría superior indicó que durante el transcurso de la revisión, se acreditó la recuperación de 47.7 millones, y el compromiso para restituir el monto restante. ¿El compromiso de quién y restituir por qué? ¿Dónde y de quién fue la falla administrativa?
Otra irregularidad toca a un proveedor adjudicado con 9 millones de pesos, que presentó documentos relacionados con las constancias de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social ante el IMSS y el Infonavit, mismas que no coinciden con la información a la que dirige un código QR que presenta en sus documentos, y corresponden a la información proporcionada por ambas instituciones de salud.
Empresa fantasma, punto.
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