Iniciativa pública y Medio ambiente

Comunidades toman instalaciones de CFE por crisis de salud ambiental

Redacción: Grecia Rodríguez 

Comunidades indígenas del oriente de Michoacán se organizan y toman instalaciones de la CFE para exigir justicia ambiental tras 30 años de contaminación por metales pesados de la planta geotérmica Los Azufres. Esta crisis sanitaria convirtió a la región en la zona con mayor índice de insuficiencia renal del país. 

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La degradación ambiental causada por una planta de energía geotérmica en el oriente de Michoacán ha desencadenado una emergencia sanitaria sin precedentes en las comunidades indígenas que llevan treinta años bebiendo agua envenenada por metales pesados. La central Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad, genera electricidad aprovechando el calor subterráneo, pero su funcionamiento ha tenido un costo muy destructor. Los residuos tóxicos del proceso industrial han contaminado progresivamente el ecosistema de San Matías el Grande, San Pedro Jacuaro y San Isidro de Alta Huerta, convirtiendo estas localidades en la región con más enfermos renales de todo México, afectando a poblaciones originarias que dependen de sus manantiales naturales.  

La respuesta de estas comunidades ha sido un ejemplo en organización y estrategia. Mediante asambleas generales, los pueblos decidieron colectivamente ocupar de manera pacífica las instalaciones de la CFE. Esta acción surgió de un proceso donde autoridades y habitantes evaluaron las opciones que tenían ante el abandono institucional. Roque Martínez Hernández, integrante del Consejo Comunal de San Matías el Grande, explicó que la movilización es respuesta al fastidio acumulado. Durante años observando cómo sus familiares se enfermaban, cómo el agua que sus ancestros bebieron durante generaciones ahora causaba enfermedades, pero necesitaban de un respaldo científico para poder exigir justicia. La comunidad nunca dejó de sospechar el origen de esta tragedia, pero sin pruebas formales, sus denuncias eran ignoradas. 

El punto de quiebre fue cuando los investigadores de la Universidad Michoacana publicaron evidencia científica que confirmaba lo que las comunidades habían denunciado durante décadas: los metales pesados provenientes de la planta geotérmica son responsables de la epidemia renal. Y con esta validación académica, los pueblos se organizaron y comenzaron a actuar. 

La estructura de la protesta reflejaba la tradición democrática de estos pueblos. Se formaron comisiones para diferentes tareas como la negociación con autoridades, logística de la ocupación, comunicación con medios y atención a las necesidades comunitarias durante la movilización. Se garantizó que la protesta es sostenible y efectiva. 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán ha jugado un papel fundamental respaldando a otras comunidades. Pavel Juliano Guzmán, vocero del Consejo, enfatizó que la solidaridad entre pueblos originarios fortalece la presión sobre las autoridades. “No están solos los compañeros de San Matías El Grande”, comentó mostrando apoyo a estas localidades afectadas. 

El daño ecológico continúa por la ausencia de infraestructura adecuada para contener los desechos industriales. Las tuberías están rotas de unos lados, lo que hace que se escapen sustancias tóxicas al suelo, mientras la empresa pone materiales contaminados en barrancos sin tratamiento. Durante las lluvias, estos venenos se esparcen y entran a las fuentes de agua subterránea que abastece a las comunidades. 

La presión ciudadana ya tiene resultados concretos: las autoridades acordaron instalar una mesa de trabajo con dependencias de salud, medio ambiente y la CFE. Sin embargo, las comunidades siguen vigilando. En la asamblea se decidió que, si no hay compromisos concretos, harán bloqueos carreteros durante la visita presidencial, tratando de llamar la atención sobre este problema ambiental. 

Los manifestantes saben que su acción afecta a otros ciudadanos, pero también dicen que es la única manera efectiva de ser escuchados después de haber sido ignorados por más de treinta años. Esto es un claro donde las poblaciones indígenas asumen el papel de defensores de su territorio ante la negligencia que ha envenenado su ecosistema. 

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