En un esfuerzo por abordar la creciente preocupación sobre la seguridad de los defensores del medio ambiente en México, el coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma Suárez, anunció planes para promover una legislación que otorgue protección y atención adecuada a aquellos que luchan por la conservación de los recursos naturales en la Ciudad de México.
Sesma Suárez, quien también ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente en el Congreso capitalino, hizo hincapié en la necesidad de abordar un problema alarmante: el año pasado se registraron 31 asesinatos de defensores ambientales en el país. Estos ataques, que van desde amenazas hasta homicidios, han creado una urgente demanda de medidas de protección en el ámbito local.
El legislador señaló que la propuesta busca establecer la figura de «defensores del medio ambiente» en la ley, específicamente para la Ciudad de México. Esto permitiría la atención y protección de las personas dedicadas a salvaguardar la tierra y el entorno natural de la intimidación, el acoso, la criminalización y el desplazamiento forzado.
Haciendo referencia a un informe de Global Witness, Sesma Suárez compartió datos alarmantes sobre la situación en México. Durante el año 2021, se documentaron 54 homicidios de defensores del medio ambiente, entre los cuales se destacó que 16 de las víctimas eran indígenas y cuatro eran abogados.
En vista de esta situación crítica, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que durante el último año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, trabajará incansablemente para promover la creación de esta legislación. La ley propuesta pretende garantizar la atención y protección de las personas que enfrenten amenazas, tortura, desaparición o incluso la pérdida de vidas mientras defienden el derecho a un medio ambiente sano.
Esta iniciativa busca no solo reconocer la valiosa labor de los defensores ambientales, sino también ofrecer un marco legal que garantice su seguridad y bienestar mientras continúan luchando por la conservación de la naturaleza en la Ciudad de México.
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