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Congreso exige claridad en sanciones por verificación vehicular a la Secretaría de Medio Ambiente 

Redacción Laura**

El Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente que ofrezca una explicación detallada sobre las sanciones o medidas que se tomarán en caso de que un vehículo no apruebe la verificación vehicular, que se espera sea obligatoria para mediados de 2024. 

El llamado fue propuesto y respaldado unánimemente por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Lozano. Durante su intervención en la tribuna, Lozano subrayó la importancia de que el programa de verificación no implique un costo para los ciudadanos y que no se convierta en un mecanismo para generar ingresos al estado. 

La petición dirigida a la dependencia liderada por Félix Arratia busca despejar dudas sobre el proceso técnico de la verificación vehicular, especialmente lo que respecta a las medidas que se tomarán si un automóvil no cumple con los estándares de emisiones contaminantes. 

Raúl Lozano destacó que, en Nuevo León, de un total de 1 millón 191 mil 360 pruebas aplicadas, un 76% de los vehículos pasó satisfactoriamente la verificación. Sin embargo, planteó la necesidad de que se clarifiquen los incentivos prometidos para quienes aprueben la prueba, para que el proceso no suponga un gasto adicional. 

El diputado también sugirió que no se debería sancionar a los conductores en su primera prueba de verificación, para evitar escenarios que propicien actos de corrupción. “Se requiere un sistema de control de contaminación eficiente, pero las reglas deben ser claras y transparentes para la población”, enfatizó. 

El secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia, había adelantado la semana anterior que la verificación vehicular se hará obligatoria el próximo año. Durante ese periodo, se espera que se proporcionen detalles del programa. Además, Arratia mencionó que aún queda por determinar cómo se coordinarán las labores con los municipios para llevar a cabo las inspecciones y sanciones, o si será necesario modificar la ley para adecuar las responsabilidades entre el gobierno estatal y los ayuntamientos. 

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