Redacción: Hena M. Andrés Cuevas
El impulso mundial por las energías limpias está revelando un nuevo desafío: la falta de control y justicia en las cadenas de suministro. Walk Free advierte que la transición verde no puede construirse a costa de los derechos humanos.
El mundo avanza hacia las energías limpias, pero detrás de ese progreso hay un tema que preocupa: la falta de justicia y control en la forma en que se obtienen los recursos necesarios para esa transición. Un nuevo informe de Walk Free advierte que el impulso global por dejar atrás los combustibles fósiles está generando nuevos riesgos de esclavitud moderna en las cadenas de suministro.
Mientras los países se preparan para la COP30 en Brasil, el mensaje es claro: no se puede hablar de desarrollo sostenible si la transición energética se construye sobre la explotación de personas. La organización pide a los gobiernos y empresas que garanticen que los derechos humanos sean una prioridad en las decisiones sobre energía y minería.
El informe explica que muchos materiales esenciales para producir energía limpia como el cobalto, el litio o el cobre provienen de regiones donde las leyes laborales son débiles y la vigilancia casi no existe. Esto permite abusos graves como trabajo forzado, condiciones inseguras y salarios injustos. También se alerta que varios proyectos afectan a comunidades indígenas que no siempre son consultadas ni reciben beneficios de la actividad que se realiza en sus tierras.
Uno de los puntos más delicados es la falta de gobernanza internacional efectiva. Aunque muchos países han adoptado políticas verdes, pocos han incluido normas claras para garantizar que los derechos humanos se respeten en toda la cadena de producción. Walk Free señala que el reto no es solo ambiental, sino también de justicia social. Si los gobiernos no fortalecen la supervisión, la transición energética podría terminar reproduciendo las mismas desigualdades que pretende resolver.
Además, la organización destaca que los países del G20 importan productos con alto riesgo de trabajo forzoso, como paneles solares, valuados en miles de millones de dólares. Esto demuestra que las potencias económicas también tienen responsabilidad: deben exigir transparencia y trazabilidad en los productos que compran, y aplicar sanciones a las empresas que se beneficien de prácticas abusivas.
El informe propone incluir mecanismos de rendición de cuentas más fuertes y exigir que las empresas evalúen los riesgos de derechos humanos antes de invertir o iniciar proyectos. También plantea que los gobiernos colaboren con organizaciones internacionales y comunidades locales para garantizar una transición energética justa, donde la protección ambiental y los derechos de las personas vayan de la mano.
La energía limpia no debería construirse sobre trabajo sucio. Si la gobernanza global quiere ser verdaderamente justa, debe mirar más allá de los números de emisiones y atender las condiciones humanas detrás de la producción. La lucha contra el cambio climático no solo trata del planeta, sino también de las personas que lo habitan.
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