Redacción: Regina De Quevedo
Descripción SEO: Es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones específicas sobre las y los defensores de los derechos humanos en temas de materia ambiental.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional en el que México es parte y que fomenta la cooperación de la región latinoamericana y caribeña en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; proteger los derechos de todas las personas al acceso de la información, su participación y la justicia en temas ambientales, es decir “derechos de acceso”, estableciendo medidas para facilitar su ejercicio y mecanismos para garantizarlos.
El acuerdo fue adoptado por 24 países en la ciudad costarricense de Escazú el 4 de marzo del 2028, convirtiéndose en un instrumento vinculante derivado de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, que acepta que la mejor manera de abordar las situaciones ambientales es con la participación de todas las personas.
El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las capacidades y las cooperaciones, teniendo en cuenta la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, de vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Acuerdo retoma el contenido del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y contribuye a su instrumentación. De igual manera, fortalece en los países miembros la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los principios de la Agenda 21 de las Naciones Unidas, así como los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Asimismo, promueve el fortalecimiento de capacidades, la cooperación, la asistencia técnica, la educación y la sensibilización a escala internacional, regional, nacional y local para la práctica de los “derechos de acceso” o “derechos de la democracia ambiental”.
El gobierno de México firmó el Acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. Siendo el octavo país en depositar el instrumento en las Naciones Unidas, el mismo entró vigente para todos los países miembros el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de la Madre Tierra. El Acuerdo se basa en principios de igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, máxima persona (aplicación de la norma o criterio que más favorezca a la persona). Contiene los siguientes 26 artículos, además de los considerados:
- Objetivo
- Definiciones
- Principios
- Disposiciones generales
- Acceso a la información ambiental
- Generación y divulgación de información ambiental
- Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- Acceso a la justicia en asuntos ambientales
- Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
- Fortalecimiento de capacidades
- Cooperación
- Centro de intercambio de información
- Implementación nacional
- Fondo de Contribuciones Voluntarias
- Conferencia de las Partes
- Derecho a voto
- Secretaría
- Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
- Solución de controversias
- Enmiendas
- Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
- Entrada en vigor
- Reservas
- Denuncia
- Depositario
- Textos auténticos
El Acuerdo de Escazú significa para México una gran tarea y compromiso, en la que ratifica su compromiso y liderazgo con la región latinoamericana. Al generar alianzas con los actores de gobierno en los tres niveles y en los tres poderes de la Unión, con instituciones, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, personas defensoras de los derechos humanos, entre otras, incrementa su participación significativa del público, para generar acciones en la instrumentación del Acuerdo.
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