Redacción: José Sahagún
Organizaciones y comunidades piden frenar megaproyectos de gas, exigen Evaluación Ambiental Estratégica antes de autorizar nuevas obras en el Golfo de California
Una coalición de organizaciones ambientales, comunidades costeras y activistas ha solicitado al gobierno mexicano detener varios megaproyectos de gas fósil planeados en el Golfo de California, hasta que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) integral. Entre los proyectos cuestionados destacan terminales de licuefacción, gasoductos y plantas de GNL como “Saguaro Energía”, Vista Pacífico LNG y Corredor Norte.
El Golfo de California, también conocido como el “Acuario del Mundo”, alberga una biodiversidad inmensa. Allí coexisten especies marinas migratorias y residentes, ecosistemas frágiles, y comunidades que dependen de la pesca, el turismo y los servicios naturales del mar. Según los manifestantes, los proyectos de gas natural licuado implicarían un aumento importante de tráfico marítimo, riesgo de derrames, contaminación acústica, fugas, además de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono en períodos cortos de tiempo.
La petición formal se hizo llegar mediante cartas y documentos presentados por agrupaciones como ProDESC, DAN (Defensa Ambiental del Noroeste), CEMDA y otras, junto con la participación de poblaciones de pescadores, académicos y comunidades locales. Exigen que se frenen nuevos permisos hasta que la Evaluación Ambiental Estratégica revele los impactos acumulativos en ecología, clima, salud humana y formas de vida tradicionales.
Critican que algunos permisos ya otorgados o en trámite podrían haber sido aprobados sin estudios adecuados o sin información verificada sobre sus riesgos. En el caso del proyecto Saguaro, por ejemplo, se alerta de rutas de gasoducto que atravesarían más de 800 kilómetros, lo que involucra cruces por ecosistemas sensibles, comunidades, ríos, montañas y zonas protegidas.
Para los activistas, este esfuerzo no es solo para preservar especies icónicas como ballenas y delfines, sino también para cumplir con los compromisos climáticos internacionales de México, que incluyen reducción de emisiones y protección ambiental como lo establecido en el Acuerdo de París.
El argumento es que los beneficios económicos esperados de la extracción y exportación de gas no compensan los daños ecológicos, sociales ni climáticos que podrían generarse si los proyectos avanzan sin regulación o supervisión adecuada. El debate también plantea preguntas de justicia ambiental: quién decide, quién se beneficia y quién paga los costos.
Las comunidades locales temen que no se consideren sus voces, que los impactos en pesca o turismo no sean reparados, o que los ecosistemas se vean irremediablemente alterados. Ahora, la pelota está en manos de autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Energía (SENER) y otros organismos, cuya decisión podría definir si México prioriza protección ecológica o apuesta por la expansión fósil en una región tan vulnerable.
