Redacción: Litzury Gamboa
Las comunidades forestales de diversos estados de México enfrentan serios problemas debido a un esquema fiscal injusto, la criminalidad, el cambio climático y la deforestación. Organizaciones comunitarias han denunciado que las regulaciones fiscales imponen cargas excesivas sin considerar la naturaleza social y operativa de sus empresas, lo que discentiva la producción comunitaria y dificulta su sostenibilidad.
Además, la deforestación continua sin una estrategia efectiva para detener el cambio de uso de suelo por parte de empresas inmobiliarias, agroindustriales y turísticas, que destruyen ecosistemas clave como manglares, humedales y selvas. A esto se le suma el impacto del cambio climático, que ha provocado sequías y plagas, afectando gravemente la agricultura y los recursos naturales sin que el gobierno implemente medidas adecuadas.
Frente a estos desafíos, las comunidades se han organizado para resistir la tala ilegal, las invasiones y el despojo de tierras por parte de grandes inversores. Sin embargo, su lucha se ve obstaculizada por una respuesta gubernamental insuficiente e incluso perjudicial, lo que deja a los territorios forestales en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo.
Ante esa crisis, las comunidades han llamado a las nuevas autoridades a establecer un diálogo continuo con sus representantes para desarrollar políticas efectivas de gobernanza forestal y agraria. Entre los firmantes de esta demanda se encuentran diversas organizaciones de Oaxaca, como Pueblos Mancomunados, UZACHI y SICOBI, quienes buscan fortalecer la propiedad colectiva y el manejo sostenible del territorio.
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