Redacción Carlos Villa
Siempre existirán en las entrañas más profundas de nuestro país un caso de éxito en el que pequeños municipios le hayan dado la batalla a grandes poderes y corporaciones que dañan sin la menor preocupación sus medios naturales muchas veces con el cobijo y complicidad de las autoridades.
Si bien la justicia en nuestro país es conocida por atravesar una serie de procesos burocráticos, lentos, obsoletos y en los que casi siempre se termina abandonando el proceso por falta de avances y resultados, llevar casos sobre la naturaleza los tribunales y que jueces en materia ambiental dicten veredictos en favor de ellos es complicado.
En una sociedad que prioriza los intereses políticos y económicos frente al saqueo desenfrenado de recursos, ecocidios en ciertas regiones naturales para que por ahí pasen trenes, carreteras o complejos turísticos a cambio de ciertas concesiones en el poder, han sido contados los casos en los que se demanda un daño frente al ambiente y obtienen un efecto favorable para la naturaleza.
Así que tanto como los acechos que Grupo México y Larrea han lacerado las aguas sonorenses como la intervención en los pueblos indígenas por parte de empresas preocupadas únicamente en velar sus intereses, esta es la recopilación de una serie de historias que han tenido la participación de las autoridades por algún delito cometido.
La industria minera ha sido tradicionalmente una de las que más daños le genera a los ecosistemas, mismo que nunca es reparado. En esta ocasión nos trasladamos hasta la región Valles de Oaxaca en donde la compañía minera mexicana Cuzcatlán de Fortuna Silver Mines al extraer oro y plata los ríos de los municipios aledaños se detectaron aguas contaminadas con metales.
Los ríos presentaban altos índices de aluminio, baro, cromo, hierro, manganeso y plomo, lo que más tarde lo relacionó con algunas enfermedades respiratorias que sufrieron algunos pobladores. Por ello se resolvió tras numerosas visitas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que la empresa recibiría sanciones económicas de cerca de 3.2 millones de pesos al encontrarse serias irregularidades con el tratamiento en los desechos.
De la parte sur de nuestro país habría que trasladarnos ahora a Chihuahua y viajar en un periodo de tiempo entre el 2016 y hasta el 2021, en donde finalmente se hizo justicia para el pueblo rarámuri que fue escuchado por primera vez en un tribunal chihuahuense.
Sujetos armados acabaron con la vida de Juan y Víctor Carrillo Martínez, padre e hijo, en Coloradas de la Virgen debido a que alzaron la voz frente a los embates que el crimen organizado estaba esparciendo en su comunidad.
Lo anterior generó la suficiente indignación entre los indígenas rarámuris y ódamis para que sus voces de reclamo sirvieran como testigos en los tribunales y participaran durante la audiencia de sentencia para los autores materiales. El juez escuchó en voz de veinte indígenas cómo el crimen estaba acechando su lugar de origen.
Los pobladores declararon que acabaron con su ganada y sus sembradíos para instaurar un clima de pánico, producción de amapola y desplazamiento. Por lo que después de todos los testimonios el juez falló a favor de la comunidad reconociendo que el estado mexicano fracasó en su labor de brindarles seguridad, y desde que se dictó aquella sentencia tiene la obligación de reparar el daño y garantizar una comunidad segura.
Tal vez estos dos casos en los que la justicia ambiental se abre paso en los tribunales mexicanos no tengan los reflectores que el caso del TrenMaya en el sureste mexicano o que Germán Larrea con GrupoMéxico en Sonora lo tuvieron, sin embargo, hay muchas historias de éxito esparcidas alrededor de nuestro país que también triunfaron frente al poder delictivo o empresarial como en Chihuahua y Oaxaca.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
