Redacción: Astrid Sánchez
Con la nueva Ley General de Economía Circular, México da un giro histórico hacia un modelo sostenible que transforma la producción, el consumo y la gestión de residuos. La normativa introduce la responsabilidad extendida del productor, impulsa el reciclaje, la trazabilidad y la valorización de materiales, y otorga a la SEMARNAT facultades para coordinar la transición.
Tras décadas de operar bajo un esquema lineal de “extraer, producir, consumir y desechar”, México ha oficializado un cambio de paradigma histórico en su política ambiental con la publicación de la Ley General de Economía Circular en el Diario Oficial de la Federación. Este nuevo marco jurídico, aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión, representa más que una simple normativa de reciclaje, ya que busca transformar los procesos productivos, el consumo y el manejo de residuos en un enfoque mucho más sostenible y eficiente, alineando así al país con los estándares internacionales de sostenibilidad más exigentes.
En términos prácticos, el corazón de esta nueva ley radica en la implementación obligatoria de la responsabilidad extendida del productor, un concepto que viene a cambiar las reglas para los fabricantes e importadores, puesto que, bajo ese principio, las empresas no podrán desentenderse de los productos que crean una vez que llega al consumidor, sino que ahora deberán asumir la carga de gestionar los residuos que generan sus empaques y mercancías al término de su vida útil.
Aunque la legislación es amplia, sus efectos se empezarán a sentir principalmente en dos sectores estratégicos: los residuos urbanos y producción industrial. Por un lado, las autoridades locales y federales podrán articular estrategias mucho más coordinadas para el manejo de los residuos sólidos, promoviendo la separación desde la fuente, el reciclaje y la valorización de materiales que tradicionalmente terminaban en los vertederos del país. Y por otro, la industria de producción se verá obligada a rediseñar sus procesos para garantizar así que sus materiales puedan reincorporarse a las cadenas de valor.
Para garantizar que esta transición sea efectiva y no quede olvidada, la normativa le otorgó poder legal y autoridad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para coordinar el Programa Nacional de Economía Circular y establece un plazo de 180 días para que las autoridades expidan los reglamentos operativos que sean necesarios. A su vez, se implementarán instrumentos de trazabilidad y certificación que permitirán monitorear el cumplimiento de las empresas.
Sin embargo, el éxito de esta ambiciosa ley no recae exclusivamente en el sector industrial o gubernamental, también requiere de una profunda transformación cultural en los ciudadanos. La ley enfatiza en la corresponsabilidad del consumidor, promoviendo la educación ambiental y la separación de los residuos desde le hogar. Al final, la ley plantea un desafío colectivo que es el dejar de ver a los desechos como basura inservible y empezar a tratarlos como residuos valiosos que, gestionados con inteligencia e innovación tecnológica pueden garantizar la viabilidad futura de la economía del país y del futuro del planeta.
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