En México se comenzaron a legislar leyes que protegen y juzgan los delitos ambientales, así como a implementar sus respectivas sanciones; los principales delitos son el tráfico de animales salvajes o exóticos, el uso de explosivos o envenación de animales para cacería, contaminación de recursos naturales, así como el mal uso de deshechos tóxicos y todos aquellos que incluyan riesgo o daño directo a la flora, fauna, o calidad de agua, ya sea por organizaciones o en individual.
Para los primeros meses de este 2023 se han registrado ya dos casos de delitos ambientales en el estado de Nuevo León, uno se registró en el mes de enero y otro en febrero; sin embargo, el año pasado este estado encabezó con 13 delitos ambientales, pero el Código Penal de Nuevo León ha hecho mención de que la sanción será de uno a nueve años en prisión –dependiendo el caso– o con una multa de entre 30 a 150 cuotas a quienes sean acreedores del delito.
En Nuevo León, los principales delitos que son enmarcados por el Código Penal, son la tala de árboles, así como el daño directo a los recursos forestales sin contar con un permiso previo y/o autorización de la autoridad competente.
En el artículo 446, también se hace mención de delitos que incluyan la salud pública, como explosiones, inundaciones, incendios, pintas de lugares públicos, y daños a los ecosistemas.
Y por supuesto, los delitos que incluyen los residuos o desechos, tales como la contaminación a través de los deshechos industriales directos en cuerpos de agua, y también a las organizaciones o personas que permitan o autoricen la descarga de estos mismos sobre todo si son químicos o bioquímicos pero que causen la contaminación de recursos naturales no renovables.
Es un gran avance para México el poder castigar este tipo de acciones, pues se busca que a través de estas sanciones también las personas sean conscientes del mal empleo y manejo de los desechos en todas las circunstancias.
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