El crecimiento acelerado de Mérida ha encendido una alerta ambiental y social: la expansión urbana desmedida está avanzando sobre zonas federales y reservas naturales, poniendo en riesgo el derecho de la ciudadanía a un entorno equilibrado y a una ciudad pensada para el bienestar colectivo.
Redacción: Javier Escárcega
La capital yucateca ha dejado atrás su imagen de ciudad tranquila para convertirse en un territorio marcado por el tráfico, la fragmentación urbana y la construcción constante. Este crecimiento, lejos de responder a una planeación integral, parece impulsado por intereses inmobiliarios que priorizan la extensión territorial sobre la calidad de vida, generando una transformación que impacta directamente en la convivencia urbana.
Uno de los fenómenos más visibles es el auge de los llamados “lotes de inversión”, que han promovido una periferia dispersa y poco habitada. De acuerdo con especialistas del CONAHCYT, Mérida crece más en superficie que en población, dando lugar a una ciudad “hueca”, desigual y costosa de mantener, donde los servicios y el transporte no logran cubrir de manera equitativa a toda la población.
La presión sobre las zonas federales representa una de las mayores amenazas. Estos espacios, que incluyen cuerpos de agua, selvas y áreas de amortiguamiento ambiental, son fundamentales para la recarga del acuífero y el equilibrio ecológico. Ignorar las restricciones de instancias como la CONAGUA no solo implica una falta administrativa, sino un atentado directo contra el patrimonio natural y el futuro ambiental de la región.
La sustitución de la selva baja por fraccionamientos, muchos de ellos deshabitados, evidencia un modelo de desarrollo que fragmenta tanto el ecosistema como el tejido social. El derecho a la ciudad implica acceso equitativo a servicios, movilidad y espacios naturales, pero la realidad muestra una segregación creciente donde el concreto domina y el acceso al entorno natural se vuelve un privilegio.
Ante este escenario, el ordenamiento territorial debe entenderse como una herramienta de protección y no como un freno al progreso. Autoridades, instituciones como la SEMARNAT y la sociedad civil tienen un papel clave en la defensa de las zonas de salvaguarda. Vigilar, denunciar y exigir un desarrollo sostenible es esencial para garantizar que Mérida siga siendo una ciudad habitable, con identidad y futuro para las próximas generaciones.
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