Redacción: Naomi Vargas
El cambio climático ya no es un pronóstico: es una realidad una deuda que México vive a diario
El cambio climático ya no es un pronóstico: es una realidad una deuda que México vive a diario. Sequías severas, olas de calor, incendios forestales y huracanes cada vez más destructivos están dejando huellas profundas en la economía, los ecosistemas y las comunidades. Pero a esta crisis ambiental se suma otra que complica aún más la respuesta: la crisis de deuda y financiamiento climático.
De acuerdo con el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), los países en desarrollo pagan más por intereses de deuda que lo que reciben en apoyo para mitigar los efectos del cambio climático. México, aunque con una economía más grande que otras naciones del Sur global, también enfrenta esta desigualdad: destina recursos millonarios al servicio de la deuda pública mientras el presupuesto ambiental ha caído más de 30 % en la última década.
En 2024, México vivió el año más caluroso de su historia. Más de 50 % del territorio experimentó sequías extremas y el sector agrícola perdió miles de millones de pesos en cultivos. La escasez de agua afectó a estados del norte, mientras las lluvias torrenciales destruyeron comunidades en el sur. Cada fenómeno deja atrás no solo daños materiales, sino también pérdidas humanas, desplazamientos y pobreza.
A pesar de ser uno de los países más vulnerables de América Latina, México sigue dependiendo de financiamiento externo limitado para proyectos de adaptación. El problema es que gran parte de esos fondos llegan en forma de préstamos, no de apoyo directo. Eso significa que el país se endeuda para enfrentar una crisis que no provocó, agravando el desequilibrio fiscal y reduciendo los recursos disponibles para educación, salud y desarrollo sostenible.
En regiones como Guerrero, Veracruz o Tabasco, los desastres climáticos han desplazado comunidades enteras y dejado a miles sin acceso a vivienda ni empleo. Los ecosistemas, como los manglares y selvas tropicales, que son barreras naturales contra inundaciones y huracanes, se degradan por la falta de inversión en conservación. Y mientras tanto, el costo de los intereses financieros crece.
El Fondo Monetario Internacional estima que los países en desarrollo destinan un 15 % de sus ingresos públicos al pago de deuda externa. En México, esa carga limita la capacidad del gobierno para invertir en energías limpias, infraestructura resiliente y programas de recuperación ambiental.
La ecuación es injusta: los países que menos contribuyeron al calentamiento global son los que más lo padecen. Sin una estrategia global que priorice la justicia climática y la condonación parcial de deudas, las promesas de adaptación quedarán en el papel. México necesita fortalecer su soberanía energética y climática, diversificar sus fuentes de financiamiento y exigir que las naciones más ricas cumplan con sus compromisos. Porque no hay desarrollo sostenible sin equidad ambiental.
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