Redacción: Diego Martínez
México avanza en economía circular con un nuevo marco legal enfocado en la reducción de residuos, el aprovechamiento de materiales y la sostenibilidad.
México dio un paso relevante en materia ambiental y de gestión de recursos al incorporar la economía circular como política pública a nivel nacional, un modelo que busca transformar la manera en que se producen, consumen y gestionan los bienes y materiales en el país. Este cambio quedó formalmente establecido con la publicación de la Ley General de Economía Circular, la cual representa una ruptura con el esquema tradicional de “producir, usar y desechar” que ha predominado durante décadas.
La economía circular se basa en la reducción de residuos, la reutilización de materiales y el aprovechamiento eficiente de los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. A diferencia del modelo lineal, este enfoque promueve que los bienes sean diseñados desde su origen para tener una mayor durabilidad, facilitar su reparación, reciclaje o reincorporación a nuevos procesos productivos, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental y reducir la extracción de materias primas.
En el caso de México, la aplicación formal de este modelo comenzó en enero de 2026, tras la publicación de la Ley General de Economía Circular en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor a nivel nacional. La norma tiene alcance federal y establece la participación coordinada de la Federación, los gobiernos estatales, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, además de involucrar a los sectores productivos y a la sociedad en general.
La implementación de la economía circular en el país se apoya en diversos mecanismos previstos en la ley. Entre ellos se encuentran la incorporación de criterios de circularidad desde la etapa de diseño de los productos, la disminución progresiva en la generación de residuos, el fortalecimiento de los esquemas de reciclaje y la recuperación de materiales. Asimismo, se establece la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores, lo que implica un cambio en la forma en que cada actor participa en la gestión de los recursos.
Además, la legislación contempla la elaboración de programas, lineamientos técnicos y la puesta en marcha de un programa nacional de economía circular, cuyo objetivo será coordinar acciones, definir estrategias y establecer metas progresivas en distintos sectores económicos. Estos instrumentos permitirán orientar la transición hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles en el mediano y largo plazo.
El alcance de esta política pública es amplio, ya que su aplicación se extiende a todo el territorio nacional y abarca diversas actividades económicas, como la industria, el comercio, los servicios y la gestión de residuos.
Las razones para adoptar la economía circular en México responden a múltiples factores. Por un lado, el país enfrenta un crecimiento sostenido en la generación de residuos, lo que ha incrementado la presión sobre la infraestructura existente y ha provocado impactos ambientales significativos. Por otro, existe la necesidad de utilizar de manera más eficiente los recursos naturales, reducir la contaminación y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. A ello se suma el potencial de generar beneficios económicos, como la innovación en procesos productivos, la creación de empleos vinculados a actividades ambientales y la reducción de costos a largo plazo.
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