Redacción: Javier Escárcega
La aprobación de la Ley General de Economía Circular marca un avance relevante en la política ambiental de México, al establecer un marco legal orientado a prolongar la vida útil de los productos, reducir residuos y fomentar su aprovechamiento.
La economía circular se presenta como una alternativa al modelo tradicional de producción lineal basado en extraer, producir y desechar. Su objetivo central es mantener los materiales y recursos en uso durante el mayor tiempo posible, reduciendo la generación de residuos y la presión sobre los ecosistemas. Este modelo promueve prácticas como la reutilización, el reciclaje y la reincorporación de materiales a los ciclos productivos. De esta forma, el crecimiento económico se desvincula parcialmente del consumo intensivo de recursos naturales. Además, se fortalece la resiliencia de las cadenas productivas ante la escasez de materias primas.
Desde una perspectiva regional, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la adopción de la economía circular podría generar un incremento neto de 4.8 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Este potencial se concentra en sectores industriales, de servicios y de innovación tecnológica vinculados al manejo eficiente de recursos. La transición hacia este modelo implica cambios estructurales en la forma de producir y consumir. Asimismo, abre oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades laborales. Todo ello contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
En el ámbito industrial, la circularidad se traduce en procesos que transforman subproductos en nuevos insumos. Un ejemplo es la recuperación de Polvos de Horno de Arco Eléctrico generados por la industria del acero, los cuales contienen zinc y otros minerales. Estos residuos, en lugar de ser confinados, pueden ser procesados para su aprovechamiento en distintos sectores. Este tipo de prácticas mejora la eficiencia operativa y reduce impactos ambientales. Al mismo tiempo, disminuye la dependencia de la extracción minera tradicional.
La experiencia de la empresa mexicana Zinc Nacional ilustra la aplicación práctica de la economía circular desde hace varias décadas. Su proceso permite que, por cada tonelada de subproductos de acerías tratada, se evite la extracción de dos toneladas de mineral de zinc. Según su Reporte 2024, el 94 por ciento de su materia prima es de origen reciclado, lo que evidencia una integración sólida con la cadena de valor de la industria acerera. Este modelo contribuye a la conservación de recursos naturales y a la reducción de residuos industriales. Además, demuestra la viabilidad económica de la circularidad a gran escala.
Estas prácticas también se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente el ODS 12 sobre Producción y Consumo Responsables y el ODS 13 sobre Acción por el Clima. La ONU ha destacado que la adopción de esquemas circulares en industrias intensivas en materiales puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050. En México, la nueva Ley General de Economía Circular refuerza este enfoque al crear un marco normativo y un Sistema Nacional de Economía Circular. Este contexto posiciona a las empresas que ya operan bajo estos principios como referentes y anticipa beneficios tanto para las industrias como para las comunidades.
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