Redacción: Javier Escárcega
El 17 de noviembre, México formalizó la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional, el documento donde el país establece sus compromisos frente al cambio climático en el marco del Acuerdo de París.
Este nuevo compromiso, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que incluye 18 secretarías del Gobierno de México, representa una señal en la ambición de México. En la sección de mitigación, México fijó por primera vez una meta absoluta, con una proyección de reducción de emisiones a futuro, mencionando que para 2035, México solo podrá emitir entre 364 y 404 millones de toneladas de CO2. Con esta meta nuestro país se encamina hacia una ruta de cero emisiones netas para mediados de siglo, esta es una meta ambiciosa y difícil, pero necesaria.
La NDC refuerza los cinco componentes ya existentes los cuales son comunidades, sistemas productivos, ecosistemas, recursos hídricos e infraestructura estratégica e incorpora un sexto, cambio climático y seguridad. En este segmento prevé un portal nacional de información sobre seguridad climática para decisiones estratégicas en contextos de riesgo. De igual forma la NDC incluye por primera vez un componente de pérdidas y daños. Este apartado busca reconocer y atender los impactos inevitables del cambio climático que ya no pueden evitarse como la pérdida de cultivos o daños a infraestructura y ecosistemas, esto representa un gran avance relevante para países que se han expuesto a huracanes, sequias e inundaciones.
La actualización de la NDC también pretende que los compromisos internacionales de México se articulen mejor con su marco legal interno. Desde la reforma de 2018, la Ley General de Cambio Climático reconoce a la NDC como el instrumento que guía la política climática nacional, pues conecta la agenda diplomática con la planeación del desarrollo. No obstante, esa integración aún no se refleja plenamente en los planes gubernamentales ni en la normativa vigente, lo que deja un vacío entre lo que el país promete y lo que realmente incorpora en su legislación.
Asimismo, la versión más reciente de la NDC incorpora referencias a la Opinión Consultiva No. 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Ambos documentos subrayan que los Estados tienen obligaciones concretas frente a la crisis climática y colocan los derechos humanos y la justicia climática como ejes centrales. Con estas menciones, México reconoce que la acción climática no solo es un asunto ambiental, sino también un compromiso legal y ético con las personas y comunidades más vulnerables.
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