Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Se frena la clasificación de energías fósiles como energías limpias en México, considerándolo como anticonstitucional para poder cumplir con las metas ambientales que se tienen previstas.
Un tribunal federal resolvió el acuerdo que se considera inconsistente al acuerdo de la comisión reguladora de Energía (CRE) que en mayo de 2023 emitió permitiendo que se clasificara como energía limpia a los combustibles fósiles los cuales son utilizados a través de plantas de generación eléctrica.
El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica resolvió el 4 de diciembre que la CRE (Ahora Comisión Nacional de Energía, CNE) por unanimidad que la medida que se había tomado en el año 2023 se considera regresiva en cuanto a materia de protección del medio ambiente.
Según las organizaciones el acuerdo se buscó en primer lugar para poder inflar de manera artificial el porcentaje de la energía clasificada y hacerla pasar por limpia para ayudar al país a completar una obligación legal que se debe cumplir al generar el 35% de su electricidad con dichos métodos en el año 2024 sin embargo tan solo en el año 2022 estos solo alcanzaron el 27%.
El acuerdo del órgano jurisdiccional rectifica que el acuerdo que se modificó busca encaminar a reducir las restricciones impuestas al uso de la energía fósil en los procesos de energía eléctrica ya que no existen razones viables que justifiquen la regresión que afecta de manera considerable el medio ambiente.
Según la ley de Transición Energética del año 2015, se fijo una meta de 35% que se supone debería cumplirse en el año 2024 en el que la electricidad que fuera generada mediante siclos combinados no sería tomada en cuenta, cosa que si estaba permitida por la CNE (entonces CRE).
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado representa un freno judicial determinante a la estrategia de “maquillaje ecológico” (greenwashing) institucional, no solo protege el derecho constitucional a un medio ambiente sano, sino que devuelve el rigor técnico a la Ley de Transición Energética. En última instancia, la resolución deja claro que el avance hacia la meta del 35% de generación limpia debe ser auténtico; de lo contrario, México corre el riesgo de perder competitividad internacional y credibilidad en sus políticas de descarbonización al intentar alcanzar objetivos legales mediante decretos, en lugar de inversiones en fuentes renovables.
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