Ciudad de México 30 Septiembre 2025.- En el Estado de México, bajo el disfraz gremial, emerge el nombre de un criminal: Guillermo Fragoso Báez, alias El Memo, presunto líder de la USON, quien no solo encabeza un sindicato, sino también una maquinaria de opresión, corrupción y violencia.
Lo que se decía en susurros hoy tiene peso oficial: se le libra una orden de aprehensión, los cateos desvelan sus dominios, la gravedad de sus delitos salpica impunidad, complacencia política y un entorno que lo permitió expandir su poder.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México, libró la orden de captura contra El Memo, tras una investigación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La carpeta de investigación con número FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024 lo señala por delitos que van desde delincuencia organizada, extorsión, secuestro, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo, huachicol, hasta falsificación de documentos.
Los cateos en cinco inmuebles —todos localizados en Santa María Chiconautla, Ecatepec— arrojaron pruebas inquietantes: armas de alto calibre, droga, animales exóticos como un lobo y un coyote, caballos de raza pura sangre.
Además, El Memo presuntamente cobraba cuotas mensuales de 30 mil pesos a narcomenudistas de la zona oriente del Edomex, extorsionaba tianguistas, mototaxistas, y estaría detrás del despojo de al menos 700 propiedades entre casas y terrenos.
Se le vincula también con organizaciones criminales ya conocidas: La Chokiza, La Familia Michoacana, Los Mayas, así como con sindicatos delictivos como el Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo.
A la fecha, El Memo se encuentra prófugo.
Pero vayamos más allá: Lo que esta historia revela, son luces rojas que no podemos ignorar. Primero, que es un “Sindicato” como fachada del crimen. Que este individuo sea también acusado de montar redes criminales.
Es grave que desde el sindicato se ejerza un pervertido uso del poder con representación obrera, y que la “protección” de los derechos laborales sirve de pretexto para extorsionar, controlar territorios, imponer cuotas, despojar propiedades, armar células. Cuando un sindicato no protege al trabajador, sino que lo explota, estamos ante un crimen que se disfraza de legalidad.
No podemos dejar pasar la posibilidad de complicidad, silencios institucionales, omisiones. El Memo —según algunos reportes— presumía cercanía con políticos locales y federales de Morena, lo cual abre preguntas urgentes sobre quiénes lo permitieron, quiénes lo financiaran, quiénes lo protegían. En un Estado de derecho, estos vínculos deben ser investigados con rigor para descartar cooptaciones, corrupción institucional, faltas graves de vigilancia.
Lo que El Memo presuntamente hacía —cobrar piso, despojar propiedades, amenazar a transportistas, tianguistas, mototaxistas— no solo implica delitos individuales, sino un daño estructural al tejido social. Cuando el poder se ejerce con violencia y mediación criminal, el miedo y la desprotección se imponen ante el derecho, ante la ley. Las comunidades quedan atrapadas entre el crimen local y la negligencia del Estado.
También estamos hablando de la fragilidad institucional ante el poder real. Esto es, que haya sido necesaria una investigación de meses, coordinación entre autoridades federales y estatales, peticiones judiciales para cateos y órdenes de aprehensión, para comenzar a confrontarlo, revela la lentitud o resistencia del sistema. ¿Cuántas denuncias previas quedaron archivadas o ignoradas? ¿Cuántas víctimas sufrieron antes de que la justicia reaccionara? La institucionalidad legítima se demuestra no en declaraciones, sino en acción concreta que no deje espacio al chantaje.
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