Redacción: Raquel García
Casi el 50% de las emisiones globales ya tienen precio. El mundo transita de la ética a la rentabilidad, forzando a corporaciones a invertir en eficiencia energética
Estamos presenciando un cambio de paradigma fundamental en la lucha contra el cambio climático: la transición de la conciencia moral a la presión financiera. Según los datos más recientes, casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global ya están sujetas a algún tipo de precio. Este dato, lejos de ser una mera estadística técnica, señala que el mundo avanza hacia un modelo donde el daño ambiental tiene un costo monetario explícito, alterando inevitablemente las estrategias de inversión y la planificación fiscal de las corporaciones internacionales.
Para entender la magnitud de este cambio, es crucial desglosar qué significa “poner precio al carbono”. No se trata de una única multa o tarifa, sino de un ecosistema complejo de instrumentos fiscales y de mercado. La OCDE agrupa estos mecanismos bajo el concepto de “Tasa Efectiva de Carbono” (ECR). Esto incluye desde impuestos directos aplicados por los gobiernos a los combustibles fósiles, hasta los sofisticados Mercados de Comercio de Emisiones.
Guillermina Barrera, experta de la firma Revolution, explica que la dinámica es clara: empresas deben comprar y vender permisos para emitir carbono. Esto convierte a la contaminación en una variable de mercado. Si una empresa quiere seguir operando con tecnologías sucias, debe pagar por ello.
La efectividad de estas medidas radica en que tocan la fibra más sensible del sector privado: la rentabilidad. Barrera sostiene que estos mecanismos han logrado lo que las campañas de concientización no pudieron: obligar a las empresas a mitigar su impacto. Al percibir los impuestos al carbono como un riesgo financiero inminente, las compañías se ven forzadas a invertir en eficiencia energética, energías limpias y ecotecnologías. Ya no es una cuestión de reputación, sino de viabilidad económica.
No obstante, existe una brecha crítica entre la cobertura y la intensidad del precio. Aunque casi la mitad de las emisiones tienen precio, este suele ser insuficiente. Apenas el 11% de las emisiones globales enfrenta un costo superior a los 60 euros por tonelada, y solo el 16% supera los 30 euros. Estas cifras están muy por debajo de los niveles necesarios para cumplir con las metas del Acuerdo de París.
Finalmente, hay un beneficio colateral inmenso: la recaudación. El Banco Mundial reportó que en 2024 los gobiernos obtuvieron más de 100,000 millones de dólares gracias a estos instrumentos. Para muchas naciones, esto representa una oportunidad doble: por un lado, desincentivan la contaminación y, por otro, generan capital fresco que puede reinvertirse en infraestructura verde y programas sociales, facilitando así una transición energética más justa y financiada.
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