Redacción: Regina De Quevedo
La violencia generalizada en Sinaloa ha reducido el trabajo de los activistas ambientales, los cuales no han podido ejercer su labor con libertad, ya que el centro de atención de los operativos siguen siendo las zonas urbanas y en las zonas rurales siguen ocurriendo actos delictivos.
El Instituto de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos informó que entre septiembre 2024 y agosto 2025 se reportaron un total de 138 personas victimizadas en la entidad.
Este fenómeno afecta a todo el país, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental registró 94 agresiones contra activistas en México en 2024. En Sinaloa, la inseguridad ha transformado la vida diaria de los ciudadanos, investigadores y defensores de la tierra que destinan su tiempo y vida a la conservación del medio ambiente.
La directora del Instituto para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Sinaloa, Jhenny Bernal destacó que el activismo ambiental en la entidad se realiza en una zona de alto riesgo, debido al crimen organizado y a conflictos que van de la mano con el cuidado y defensa de la tierra. Mencionó que el Instituto tiene una relación cercana con asociaciones ambientales en el norte, centro y sur de Sinaloa, quienes fueron capacitados en el Convenio de Escazú, el primer tratado internacional que respalda a los defensores de los derechos ambientales.
A pesar de que no se proporcionó una cifra exacta, se destacó que en Mazatlán se han gestionado tres agrupaciones diferentes y en Los Mochis se ha trabajado con un colectivo, con talleres, los cuales se encuentran abiertos para las personas interesadas. “Cada caso es diferente, no podemos tratarlos de la misma manera. El protocolo nos permite determinar cuál es la medida más adecuada según el contexto”, mencionó la directora.
Felipe Romero, abogado e integrante de CEMDA señaló que México sigue siendo uno de los países más complicados para contrarrestar el daño al medio ambiente, mencionó que las agresiones derivan de la llegada de proyectos con impacto ambiental y que la mayoría termina afectando a comunidades indígenas y campesinas.
Los ataques van desde difamaciones, acoso, desapariciones y homicidios, y en el 65% de los casos hay participación de alguna autoridad, lo que sitúa al Estado como agresor. En 2023, los sectores más conflictivos fueron el agropecuario, el forestal y el de vías de comunicación. “Sabemos que en todos los estados hay defensores en riesgo, incluso si no aparecen en los reportes”, puntualizó Felipe Romero, por lo que es importante que México cumpla con el Acuerdo de Escazú para asegurar espacios seguros para los protectores de la tierra y el medio ambiente.
En la zona rural de Sinaloa, siguen registrándose actos violentos que han afectado la vida de sus ciudadanos. De acuerdo con reportes oficiales, se ha registrado el desplazamiento forzado de personas en los municipios de Badiraguato, El Rosario y Cosalá. Se reportó la aplicación de 66 medidas de protección, atención y prevención hacia activistas ambientales y comunicadores en Sinaloa.
De ese total, 20 medidas fueron de atención a apoyos sociales y un caso de asesoría jurídica, y 31 medidas de protección fueron destinadas a la instalación de cámaras de seguridad en vehículos y domicilios; rondines de policías; la activación SOS 360 de emergencias y acciones de seguimiento institucional. De igual manera, se entregó un manual de autoprotección y asesoría en seguridad digital.
El organismo registró que 11 personas se beneficiaron, de los cuales diez de ellos son defensores ambientales y una periodista. Para atender estas situaciones se crearon 11 expedientes, siete ordinarios, tres de atención y uno extraordinario. Las agresiones registradas sumaron 11 casos, en los que la labor periodística se vio envuelta en amenazas, lesiones y descalificación. En todos los reportes, los señalados como responsables fueron particulares, sin que se señalara la intervención directa de las autoridades.
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