El año de mayor letalidad para los ambientalistas en México fue en 2022 en el mes de mayo, por ello el Gobierno Federal declaró el 17 de julio, como el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. Sin embargo, luego de un año el panorama parece ser el mismo.
Tan solo el 19 de junio de 2023 se reportó la muerte de Álvaro Arvizu Aguiñiga, defensor del agua y de la agroecología, en el Estado de México. El activista falleció seis días después de que un grupo de personas lo agredieran a golpes a él, a su esposa y a otros integrantes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.
“No es uno más, tampoco es un hecho aislado ni un ‘lamentable’ suceso. Es resultado de la impunidad, la omisión y también la complicidad de los gobiernos y el Estado.”
“La muerte de Álvaro y las agresiones su compañera y compañeros se suman a una larga lista de agresiones que van desde la intimidación, la tortura, el secuestro, hasta el homicidio”, manifestaron en un comunicado organizaciones como el Grupo Territorio, Género y Extractivismo; la Red de Género y Medio Ambiente; y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Ante la crisis ambiental que existe alrededor del mundo y de los continuos ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos ambientales, expertos subrayan la “urgencia” de no normalizar la violencia que vive este sector de la población, así como la importancia de que las autoridades mexicanas garanticen su protección y el acceso a la justicia.
La situación es alarmante, no hay buenas cifras y esa es la preocupación que se tiene desde el instituto, por la diversificación de las agresiones y asesinatos que México reporta, Itza Castañeda Camey, directora de Equidad Social del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). Comenta que, en comparación con los años que tiene la organización en trabajos de derecho procesal, responsabilidad social y en temas de personas defensoras de derechos humanos, la situación que se vive actualmente a nivel nacional, es inquietante.
Desde que se estableció el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, menciona que aún faltan adecuaciones al marco legal y a las políticas públicas de México para estar en concordancia con los tratados internacionales que se han firmado y ratificado en años recientes, como el Acuerdo de Escazú.
“El Estado es el que debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y sin ser asesinadas”.
“Lo que urge es tomar estas medidas adecuadas y efectivas para proteger y promover los derechos de las personas defensoras y todos los derechos humanos en asuntos ambientales”, expresa la especialista.
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