Redacción: Raquel García
Tras ser un pilar en su ratificación, México avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, la brecha entre el compromiso institucional y la protección real sigue siendo el desafío central.
l Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es un tratado regional que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
México no solo fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de Escazú, sino que su ratificación en noviembre de 2020 fue la pieza clave (la undécima) que permitió la entrada en vigor de este tratado histórico para América Latina y el Caribe, el primero en el mundo en consagrar la protección de los defensores ambientales. Entró en vigor en México el 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra.
Desde entonces, el país ha navegado un camino de avances institucionales y desafíos estructurales profundos. Se han conformado tres Subgrupos Interinstitucionales para abordar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, así como la protección de personas defensoras del medio ambiente.
En 2023, se creó el Grupo Nacional de Escazú (GNE), un órgano colegiado que reúne a dependencias gubernamentales y representantes de la sociedad civil con el objetivo de definir la Ruta Integral de Implementación del Estado mexicano para el Acuerdo. Este grupo ha sido clave para la concertación y la institucionalización de los procesos de gobernanza ambiental.
Además, se han llevado a cabo diversas acciones de cooperación internacional para fortalecer la implementación. Entre ellas destacan la Alianza Ambiental Triangular entre México, Alemania y Ecuador, que promueve el intercambio de experiencias en transparencia, participación pública y acceso a la justicia. Asimismo, se ha impulsado la Red de Amig@s de Escazú para cohesionar esfuerzos de donantes, fundaciones y personas interesadas en la gobernanza ambiental.
En el ámbito de la capacitación, se han desarrollado cursos en línea para servidores públicos y se han traducido los textos del Acuerdo al maya, náhuatl y totonaca, con el fin de ampliar su divulgación y acceso. A nivel legislativo, se ha reafirmado el compromiso con la creación de redes de solidaridad para las personas defensoras ambientales y con la promoción de iniciativas legislativas que aseguren la continuidad del cumplimiento del Acuerdo.
A pesar de estos avances, persisten retos importantes, especialmente en la protección de las personas defensoras del medio ambiente, quienes enfrentan altos niveles de violencia en México. El Poder Judicial federal ha expresado su voluntad de contribuir a los trabajos del GNE, para asegurar la seguridad de los defensores del ambiente.
El próximo paso clave será presentar un posicionamiento firme durante la Segunda Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú, programada para abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina. México avanzó al ratificar; ahora debe avanzar en implementar.
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