Redacción Marlone Serrano
El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, una ambiciosa reforma con enfoque medioambiental que busca transformar la relación entre consumidores, industria y publicidad. El objetivo: avanzar hacia una economía más responsable y equitativa frente a la crisis climática.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, prohíbe la publicidad de combustibles fósiles, restringe los anuncios de vuelos cortos innecesarios y regula la promoción de vehículos contaminantes. “La transición ecológica no puede recaer únicamente en los consumidores; hay que responsabilizar al sistema económico en su conjunto”, declaró el ministro Pablo Bustinduy.
Fin al ecopostureo
Uno de los aspectos más relevantes del anteproyecto es su lucha contra el greenwashing, la práctica de usar términos ambiguos como “verde” o “amigable con el medio ambiente” sin sustento técnico. A partir de esta ley, solo se permitirán afirmaciones ambientales verificables y medibles. También se podrán anular marcas o registros que engañen al consumidor con una supuesta sostenibilidad.
Publicidad del miedo, en la mira
La norma también pone freno a los anuncios que explotan el miedo ciudadano. Empresas de alarmas y seguridad no podrán utilizar imágenes ni mensajes que generen pánico sin respaldo en estadísticas reales. Se exige claridad y rigor, especialmente en contextos donde la percepción social puede ser manipulada.
Derecho a reparar
El proyecto legisla a favor de la reparación de productos electrónicos, estableciendo que los fabricantes no podrán negarse a reparar artículos intervenidos por servicios técnicos no oficiales. Los repuestos deberán estar disponibles durante al menos diez años, y se creará una plataforma nacional de reparación para facilitar el acceso a piezas y técnicos confiables. Además, la garantía se extenderá un año adicional si el consumidor opta por reparar un producto dentro del periodo original de cobertura.
Contra la reduflación y la obsolescencia
La ley busca proteger a los consumidores de prácticas como la reduflación, en la que se reduce la cantidad de producto sin ajustar el precio. Ahora será obligatorio informar claramente cuando esto ocurra. También se prohíben las estrategias de obsolescencia programada y se exigirá transparencia en las actualizaciones de software, sobre todo cuando afecten negativamente al funcionamiento de dispositivos electrónicos.
Reventa abusiva, bajo control
En respuesta a la especulación digital, la nueva ley prohíbe la reventa de entradas con aumentos de precio superiores al IPC, especialmente aquellas adquiridas por bots, una práctica común en conciertos y espectáculos.
Próximos pasos
El anteproyecto aún debe pasar por el trámite parlamentario, lo que representa un reto en un entorno legislativo fragmentado. Sin embargo, si se aprueba, esta ley posicionará a España como pionera en consumo responsable, regulación ambiental y defensa de los derechos del consumidor.
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