Redacción: Guicel Garrido
Organizaciones como CEMDA, Greenpeace y Oxfam demandan al Estado mexicano una estrategia más audaz, coherente y con mecanismos fiscales que garanticen la implementación de la NDC 3.0, criticando la asignación presupuestal para 2026
Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno mexicano a presentar una Hoja de Ruta ambiciosa y, sobre todo, un presupuesto congruente para cumplir con sus obligaciones climáticas internacionales, advirtiendo de una profunda incongruencia entre el discurso oficial y los recursos asignados para la acción climática.
En el marco del taller “Justicia climática, política y mitigación: ¿Cómo y con qué recursos?”, representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Engenera, Greenpeace México, y Oxfam México, coincidieron en señalar que la asignación presupuestal actual es insuficiente y que su distribución es desvinculada de los objetivos reales de la transición energética justa y el combate al cambio climático.
La crítica se centra en la revisión de los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Según Alberto Alarcón, abogado del CEMDA, el Anexo 15 (Transición Energética) destina hasta un 95% de sus recursos a programas que no tienen relación clara con dicho objetivo, lo que evidencia una falta de diversificación económica y un uso ineficiente del gasto público.
Por su parte, Beatriz Olivera de Engenera, A.C., destacó la preocupante distribución del Anexo 16 (Adaptación y Mitigación). Señaló que la mayor parte de estos fondos es “acaparada” por programas como el de Defensa o Infraestructura en Seguridad Nacional (sumando casi el 40%), mientras que iniciativas de alto impacto como el manejo forestal comunitario o la gestión sustentable del agua reciben recursos marginales.
En este contexto, y ante la próxima actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) de México, las ONG’s enfatizaron la necesidad de acelerar la implementación de medidas urgentes de mitigación y adaptación. Giselle García de AIDA, puso énfasis en la necesidad de contemplar la sustitución progresiva del carbón en la matriz eléctrica para reducir emisiones y asegurar una transición energética justa para las comunidades mineras.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para modificar la política fiscal, adoptando principios de justicia intergeneracional como “el que contamina paga” y promoviendo la democratización de los recursos energéticos para combatir la pobreza energética, como apuntó Pablo Ramírez de Greenpeace. El cumplimiento de la NDC 3.0, subrayaron, no solo es un compromiso internacional, sino una obligación para garantizar los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras frente a la crisis climática.
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