Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El debate sobre el uso del glifosato en México vuelve a cobrar fuerza luego de que especialistas en salud, medio ambiente y agricultura alertarán sobre la urgencia de retomar su prohibición. La discusión se reaviva tras evidenciarse los errores de un artículo científico que, durante más de 25 años, fue utilizado como principal sustento para defender el uso de este herbicida a nivel mundial, pese a carecer de rigor metodológico e independencia.
“Cuando hay un estudio tan grave como éste, el más citado, que decía que el glifosato no tenía problemas y resulta que era falso, hay que tomárselo en serio. México debería prohibirlo”, subrayó Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, quién ha seguido de cerca el impacto de los agrotóxicos en América Latina. Para las expertas, la permanencia del glifosato no responde a criterios científicos, sino a intereses económicos profundamente arraigados.
El glifosato se utiliza en México desde la década de 1980 y está incorporado en las prácticas agrícolas de gran parte del país. Actualmente se aplica en aproximadamente 35 % de la superficie sembrada de maíz y en 14 % de los cítricos. El resto se destina a cultivos como sorgo, algodón, caña de azúcar, aguacate, soya y agave. Además, su uso se ha extendido a la limpieza de caminos y áreas públicas, lo que amplía la exposición de la población.
Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), explica que el herbicida se emplea principalmente para deshierbar plantíos y reducir costos de producción. “Es una herramienta que facilita el manejo agrícola, pero cuyo impacto ambiental y sanitario ha sido sistemáticamente minimizado”, señala. Detrás de su comercialización se encuentran grandes corporaciones transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Dupont.
Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probable cancerígeno”. A ello se suman más de mil artículos científicos a nivel global que documentan efectos adversos, entre ellos daños a los sistemas renal, hepático, nervioso y reproductivo. Investigaciones realizadas por la Universidad de Guadalajara han identificado residuos tóxicos de agroquímicos en el agua, así como en la orina de niñas, niños y adolescentes.
El uso del glifosato está estrechamente vinculado al cultivo de organismos genéticamente modificados. Durante el sexenio de Vicente Fox se impulsó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como la “ley Monsanto”, que entró en vigor en 2005 y facilitó la expansión de semillas transgénicas en beneficio de grandes corporaciones agrícolas.
En el sexenio pasado, ante la creciente evidencia científica, el gobierno federal intentó prohibir gradualmente el herbicida mediante decretos presidenciales. El primero, publicado el 31 de diciembre de 2020, establecía su eliminación total para enero de 2024. Un segundo decreto, emitido en febrero de 2023, aplazó la prohibición hasta marzo de 2024 y añadió la restricción a la importación de maíz transgénico para consumo humano.
Sin embargo, cinco días antes de que venciera el plazo, el gobierno anunció que mantendría el uso del glifosato debido a la falta de sustitutos disponibles y a la necesidad de proteger la seguridad agroalimentaria. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en abril de 2024 que su importación continuaría mientras no existiera una alternativa viable.
La controversia dividió al gabinete federal. Mientras la extinta Conahcyt y la Secretaría de Salud defendieron la restricción por razones sanitarias, la Secretaría de Agricultura, encabezada entonces por Víctor Villalobos, argumentó que prohibirlo pondría en riesgo la producción de granos básicos. El debate también llegó al Senado, donde diversas iniciativas para regular o prohibir gradualmente los plaguicidas fueron postergadas ante el intenso cabildeo de la agroindustria.
Las presiones incluyeron amparos judiciales promovidos por Bayer-Monsanto, así como un panel de controversias del T-MEC que falló en contra de México por la prohibición del maíz transgénico, al considerar que no se sustentaba en criterios científicos reconocidos por el tratado.
Pese a que en septiembre pasado el gobierno actual prohibió 35 plaguicidas, el glifosato no fue incluido. Según la Secretaría de Agricultura, se trata de la primera de tres etapas y se prevén nuevas prohibiciones en 2026, aunque no se han dado detalles. En 2024, el mercado del glifosato en México alcanzó un valor superior a los 352 millones de dólares, lo que explica la magnitud de los intereses en juego.
“México sería el país más grande en eliminar completamente este producto y enviaría una señal global muy poderosa”, señala Peter Rosset, investigador de El Colegio de la Frontera Sur. Las expertas coinciden en que existen alternativas agroecológicas en desarrollo, pero advierten que el desafío es político y estructural, más que técnico.
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