Redacción: Raquel García
El Pleno del Senado de la República ha tomado una decisión trascendental para la conservación del patrimonio biológico de México al aprobar un proyecto de decreto que permite la participación activa de la Guardia Nacional en las tareas de inspección y vigilancia dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esta medida busca ofrecer una respuesta coordinada y enérgica a la creciente amenaza que enfrentan los ecosistemas del país.
El dictamen, que contó con el respaldo de 67 votos a favor y solo ocho abstenciones, implica la adición de diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Su necesidad se fundamenta en la crítica situación ambiental que vive México, un país catalogado como megadiverso cuya riqueza biológica y ecosistemas únicos están bajo constante asedio. La magnitud del problema es evidente: tan solo en el periodo comprendido entre 2020 y 2024, el país registró la pérdida de 841 mil 406 hectáreas de bosques a causa de la deforestación.
La reforma tiene como objetivo central robustecer las labores de protección. Establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y su órgano desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), podrán solicitar el apoyo de la Guardia Nacional mediante convenios o acuerdos específicos. Esta colaboración permitirá a la fuerza de seguridad realizar visitas de inspección en aquellos casos donde exista resistencia, obstáculos o un alto nivel de riesgo para llevar a cabo la diligencia ambiental.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que el dictamen emana de la convicción de que los retos ambientales del país requieren acciones firmes y una coordinación efectiva. Las ANP están bajo amenaza constante por actividades ilícitas, como la tala clandestina, el cambio de uso de suelo y la explotación ilegal de recursos naturales.
Esta perspectiva fue secundada por la senadora Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, quien puntualizó la urgencia de “blindar el patrimonio natural” ante la notoria presencia de grupos delictivos en zonas forestales. La legisladora enfatizó que una porción considerable de los delitos ambientales está vinculada directamente con la delincuencia organizada, la cual ve en los recursos naturales un lucrativo botín económico.
La senadora Castrejón hizo un reconocimiento a la labor “heroica” de los guardaparques, quienes a menudo deben confrontar no solo a infractores administrativos, sino también a redes criminales estructuradas. No obstante, se aclaró de forma precisa que la participación de la Guardia Nacional no implica una “militarización” de la política ambiental, ya que la rectoría y la dirección de la política ecológica seguirán siendo atribución exclusiva de las instituciones ambientales de México (SEMARNAT y PROFEPA).
En suma, el Senado avala una nueva herramienta de seguridad para asegurar la protección efectiva de la vasta riqueza biológica del país, buscando una respuesta coordinada ante un problema que ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones civiles por sí solas.
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