El diputado local del PAN, Eduardo Leal, presentó una iniciativa de Ley que busca sancionar con una inhabilitación de hasta 20 años a aquellos funcionarios públicos que colaboren o participen en acciones dañinas al medio ambiente. Esta propuesta surge después de que varios daños ambientales quedaran sin sanción, lo que el diputado atribuye a decisiones erróneas en la persecución de los responsables. La iniciativa plantea una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nuevo León, y, en paralelo, se han hecho otros llamados a las autoridades para priorizar temas ambientales y de seguridad.
En su exposición, Leal señaló actividades como la tala irresponsable, la desviación del agua de ríos, la contaminación de cuerpos acuíferos y la aprobación de fraccionamientos en áreas protegidas como ejemplos de acciones que han quedado impunes. Según la propuesta, cualquier funcionario que directamente participe, apruebe o sea omiso ante estas acciones, podría enfrentar sanciones económicas y la mencionada inhabilitación.
En otro contexto, pero relacionado con el cuidado del recurso agua, la diputada local del PAN, Cecilia Robledo, hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Comisión Nacional del Agua para evitar el trasvase de agua a Tamaulipas debido a los bajos niveles de las presas de Nuevo León. Se argumenta que las condiciones no son propicias para cumplir con un acuerdo de trasvase firmado en 1996, y se ha señalado como prioridad el consumo humano, especialmente en el contexto de recurrentes cortes de agua en la región.
Por otro lado, con respecto a la seguridad ciudadana, se presentó un Punto de Acuerdo por parte de la diputada Nancy Olguín Díaz, solicitando a las autoridades municipales y estatales garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de las obras públicas que se llevan a cabo en el estado. Olguín Díaz destacó la falta de planificación y medidas de seguridad en las obras actuales y expresó su preocupación por los efectos negativos que esto puede tener en la vida diaria de los ciudadanos.
Estas iniciativas y propuestas ponen de manifiesto una creciente preocupación en el legislativo estatal por temas medioambientales, de recursos y seguridad ciudadana, y reflejan la demanda de la sociedad por decisiones más responsables y sostenibles.
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