Redacción: Inés Arroyo
En Dakota del Norte inicia un juicio clave para la libertad de expresión y el activismo ambiental. La empresa Energy Transfer (ET), constructora del oleoducto Dakota Access, exige 300 millones de dólares a Greenpeace EE.UU., acusándola de liderar protestas en 2016 contra su proyecto. Greenpeace niega las acusaciones y considera que la demanda busca silenciar a organizaciones ecologistas.
El caso es un ejemplo de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una estrategia legal utilizada por grandes empresas para desgastar económicamente a activistas y críticos. De perder el juicio, Greenpeace EE.UU. podría enfrentar el cierre, lo que afectaría su labor a nivel global y sentaría un precedente peligroso para otras ONG.
El proceso judicial ha generado preocupación entre expertos en derechos civiles, quienes advierten que una sentencia contra Greenpeace fortalecería el poder de las corporaciones para frenar la protesta social. Además, Energy Transfer es una de las principales donantes de la campaña de Donald Trump, quien impulsó la industria fósil y permitió la continuación del oleoducto tras su llegada al poder.
La falta de transparencia en el juicio ha sido otro punto de controversia. Se han rechazado solicitudes de retransmisión y ampliación de cobertura mediática, lo que limita el acceso a la información sobre el caso.
En respuesta, Greenpeace Internacional presentó una demanda ante un tribunal holandés, invocando la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea. Busca que se reconozcan los daños sufridos y se frene el uso de litigios para intimidar a activistas.
El resultado de este juicio podría definir el futuro del activismo ambiental y la capacidad de las organizaciones para enfrentar a las grandes corporaciones.
