Las comunidades rurales en México, particularmente en el estado de Jalisco, alzan su voz contra las empresas mineras ArcelorMittal y Ternium, señalándolas por los impactos humanos y ambientales derivados de la extracción de hierro en la mina Peña Colorada. En un contexto marcado por desapariciones y asesinatos de críticos de la minería, la región sufre una grave degradación ambiental como telón de fondo.
Sacrificando vidas por el acero
En la Sierra de Manantlán, la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades campesinas conlleva un alto costo humano. Higinio Trinidad de la Cruz, Celedonio Monroy Prudencio, José Santos Isaac Chávez y Rogelio Rosales Ramos son solo algunos de los nombres que han enfrentado la violencia y la muerte por oponerse a la expansión de la mina Peña Colorada y denunciar sus impactos nefastos.
La devastación en el Ejido Nahua de Ayotitlán
La comunidad de Ayotitlán ha sufrido profundamente desde que la mina Peña Colorada extendió sus operaciones en sus tierras en 2012. La persecución de críticos, la deforestación, la contaminación de los recursos hídricos y la pobreza son parte del oscuro legado dejado por la minería en esta región.
Lucha por la justicia y la responsabilidad
Rogelio, un activista de la comunidad, ha emprendido una cruzada internacional para exigir justicia y responsabilidad a ArcelorMittal y Ternium, las gigantes del acero responsables de la mina. A través de reuniones con representantes de instituciones financieras y organizaciones internacionales, busca visibilizar los impactos devastadores de la minería en México.
Desastres ambientales: el otro rostro de la minería
Además de las tragedias humanas, la actividad minera ha dejado una estela de desastres ambientales en la Sierra de Manantlán. La deforestación masiva, la contaminación de los cursos de agua y la pérdida de medios de subsistencia son solo algunas de las consecuencias de la explotación desmedida de recursos naturales en la región.
El rol de las empresas y los bancos financieros
ArcelorMittal y Ternium se defienden de las acusaciones, afirmando su compromiso con los estándares ambientales y los derechos humanos. Sin embargo, las comunidades afectadas y las organizaciones defensoras de derechos insisten en que las empresas y los bancos financistas deben asumir su responsabilidad en los daños causados por la industria del acero en México.
La lucha por la justicia y la preservación del medio ambiente continúa, mientras las comunidades afectadas buscan hacerse escuchar y exigir un cambio real en las políticas y prácticas de las empresas mineras y sus aliados financieros.
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