La AMST se enfoca en proyectos concretos como la ElectroLogística y la creación de Paradores Seguros con Electrolineras, atendiendo a la vez la inseguridad carretera y la falta de infraestructura de carga.
Redacción: MaJo Gutiérrez
En un país donde el 80% de la población reside en centros urbanos, pero el transporte público es insuficiente, caro e inseguro, moverse sigue siendo un privilegio, no un derecho. Ante esta “crisis estructural”, la Dra. Isabel Studer, presidenta y directora ejecutiva de Sostenibilidad Global, impulsa la Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos (AMST). Esta iniciativa busca articular gobiernos, empresas y comunidades para acelerar la transición hacia un sistema de transporte limpio, justo y accesible, asegurando que la movilidad sostenible deje de ser un lujo y se convierta en una realidad compartida.
La Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos se cimenta en la necesidad de pasar de modelos verticales (de decisiones impuestas desde el gobierno) a procesos co-creados, donde todos los actores se reconozcan como corresponsables. La doctora Studer advierte que la dependencia del coche, agravada por la importación de “autos chocolate” que contaminan y deprimen el mercado de vehículos nuevos, empeora la desigualdad y la contaminación. El enfoque de la AMST es claro: formalizar la informalidad dominante en el transporte, no para excluir a los pequeños operadores, sino para integrarlos en la transición, haciéndoles ver la formalización y la electrificación como una oportunidad.
La AMST ya está aterrizando proyectos concretos. Uno de ellos es ElectroLogística, centrado en la distribución urbana de “última milla” con vehículos eléctricos, una iniciativa que en países como Sudáfrica ha reducido los costos operativos hasta en un 50%. En México, se busca replicar esta experiencia con grandes flotas de empresas como Grupo Bimbo y Amazon. Un segundo proyecto vital es la Red de Paradores Seguros con Electrolineras, que ataca dos desafíos simultáneamente: la creciente inseguridad carretera y la falta de infraestructura de carga. Estos paradores no sólo garantizarán la seguridad y el servicio eléctrico, sino que también buscarán dinamizar la economía local, convirtiéndose en centros de innovación y empleo.
Para la Dra. Studer, el debate sobre el transporte es inseparable de la justicia climática y la salud pública. Dado que el transporte representa casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, la transición es urgente. Sin embargo, enfatiza que la solución va más allá de la tecnología; se necesita una visión de política social. “No sirve tener un tren moderno si solo lo pueden usar unos cuantos”, sentencia. La presidenta de Sostenibilidad Global puntualiza que el motor de esta transformación es la solidaridad y la construcción de un sistema económico que combine justicia social, ambiental y competitividad, para que la movilidad, el acceso y el aire limpio se conviertan en un derecho universal para 2030.
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