Redacción: Javier Escárcega
México fortalece su posición como uno de los mercados más atractivos de América Latina para inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), apoyado en infraestructura verde, bonos climáticos y marcos regulatorios más claros que buscan alinear el crecimiento económico con metas de sostenibilidad.
El avance del país en materia de financiamiento sostenible ha sido reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubica a México entre los destinos más competitivos de la región para capital con enfoque ambiental y social. Este posicionamiento responde al incremento de proyectos de energía renovable, a una mayor emisión de bonos etiquetados y al crecimiento de empresas certificadas bajo estándares internacionales. La tendencia refleja una transición gradual hacia estructuras financieras que integran métricas de impacto verificables. Además, evidencia un entorno regulatorio que busca mayor transparencia y trazabilidad en el uso de recursos.
A escala global, el mercado de bonos climáticos ha mostrado una expansión significativa. De acuerdo con la Climate Bonds Initiative, en 2025 los instrumentos alineados con definiciones de Bonos Climáticos alcanzaron 773,100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 75% frente a 2020. Este crecimiento confirma la consolidación de un mercado que exige estándares técnicos claros y reportes de impacto ambiental auditables. México ha buscado capitalizar mediante emisiones etiquetadas y marcos normativos más robustos. El objetivo es fortalecer la confianza de inversionistas institucionales y multilaterales.
En el ámbito federal, el país marcó un precedente al convertirse en 2020 en el primero en colocar un bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde entonces, se han realizado 22 emisiones por un monto equivalente a 26,900 millones de dólares. Estos recursos se han orientado tanto a gasto social como a proyectos verdes estratégicos. Las asignaciones están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con actualizaciones regulatorias en materia de economía circular y gestión de residuos. La estrategia busca integrar sostenibilidad y disciplina fiscal bajo un mismo esquema de rendición de cuentas.
El PNUD ha subrayado que el financiamiento sostenible no solo moviliza capital, sino que mejora la calidad del gasto público y fortalece la transparencia presupuestaria. Al vincular recursos con metas sociales y ambientales medibles, se promueve una asignación más eficiente hacia territorios con mayores rezagos. Este enfoque facilita la evaluación de resultados y la trazabilidad del impacto. Asimismo, permite armonizar la política económica con los compromisos internacionales derivados de la Agenda 2030. En términos técnicos, implica una unión entre planeación estratégica, sostenibilidad y finanzas públicas.
La emisión de bonos sostenibles se ha convertido en una herramienta clave. Según la Bolsa Mexicana de Valores, la Ciudad de México lidera la colocación de estos instrumentos con 3,000 millones de pesos, seguida por el Estado de México con 2,890 millones. La capital ha destacado por su entorno urbano diversificado y altamente conectado, capaz de atraer proyectos tradicionales y verdes. La estructuración de estos bonos incorpora criterios de seleccion claros y reportes periódicos de desempeño. Esto fortalece la confianza del mercado en la capacidad de ejecución local.
En el norte del país, Nuevo León emerge como un polo potencial para inversiones ESG. Destaca la construcción de un parque industrial sostenible en García, desarrollado por Finsa, con una inversión superior a 220 millones de dólares. El complejo está orientado a industrias ligeras y no contaminantes, e integra infraestructura verde para promover eficiencia energética y manejo responsable de recursos. Paralelamente, el estado impulsa proyectos de biometano en colaboración con ENGIE México, con el fin de aprovechar residuos orgánicos y reducir emisiones. Estas iniciativas reflejan una convergencia entre competitividad industrial y transición energética.
En Querétaro y Jalisco reafirman su apuesta por el financiamiento sostenible. En Querétaro, empresas como Sika México han implementado sistemas fotovoltaicos que reducen más del 50% de su consumo energético y disminuyen emisiones de CO2. Además, se anunció la primera planta de hidrógeno verde del país, impulsada por Gerresheimer y Cryoinfra. En Jalisco, la Semadet firmó un acuerdo con Toroto para restaurar cuencas estratégicas, mientras que Holcim México, Brown-Forman y Nestlé avanzan en economía circular, eficiencia hídrica y reducción de emisiones. Estos esfuerzos han sido observados por instancias como el Foro Económico Mundial y el Pacto Mundial, que reconocen la consolidación de criterios ESG en la política pública y la estrategia empresarial mexicana.
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