Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El concepto de justicia climática ha tomado fuerza en los últimos años como una respuesta necesaria ante la creciente desigualdad en los impactos del calentamiento global. Aunque la crisis climática afecta a todos los países, no todos han contribuido de la misma manera ni poseen las mismas capacidades para enfrentarla. De esta premisa surge una pregunta central: ¿quién debe pagar los daños?
La justicia climática intenta responder este dilema combinando principios éticos, históricos y económicos. Bajo este enfoque, las naciones más industrializadas, aquellas que construyeron su riqueza quemando combustibles fósiles durante más de un siglo, tienen una responsabilidad mayor para financiar la transición ecológica y la reparación de daños, especialmente en regiones donde la vulnerabilidad climática es extrema.
A pesar de esto, el debate no ha sido sencillo. Países del Sur Global, incluyendo México, Brasil, India o Sudáfrica, argumentan que mientras ellos aún luchan por impulsar su desarrollo, ya enfrentan sequías más severas, huracanes más destructivos y pérdidas económicas desproporcionadas. La paradoja es evidente: los países que menos contaminan son quienes pagan el precio más alto.
En foros internacionales como la COP, se han impulsado mecanismos para intentar corregir estas desigualdades. Uno de los más importantes es el Fondo de Pérdidas y Daños, creado para apoyar financieramente a naciones que sufren impactos irreversibles como pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructura, desplazamiento de comunidades o colapso de ecosistemas. Sin embargo, la implementación del fondo avanza lentamente, con aportaciones insuficientes y compromisos que suelen quedar en el papel.
Además, se discute si las reparaciones climáticas deben extenderse más allá de los gobiernos hacia corporaciones fósiles que, según diversos análisis, han sido responsables de buena parte de las emisiones históricas. Activistas y organizaciones ambientales insisten en que la justicia climática no solo debe mirar al pasado, sino también al presente, responsabilizando a las industrias que continúan beneficiándose de actividades intensivas en carbono.
En México, el debate cobra relevancia por las desigualdades internas: mientras las emisiones se concentran en sectores industriales y urbanos, los efectos golpean principalmente a comunidades rurales, indígenas y costeras. Estas poblaciones, con menor acceso a financiamiento y resiliencia, enfrentan desde la pérdida de cultivos hasta inundaciones, erosión costera y escasez de agua.
La justicia climática también plantea la necesidad de repensar el papel de la política fiscal. Cobrar más a quienes más contaminan, ya sean individuos de altos ingresos, industrias extractivas o sectores de lujo como la aviación privada, es visto como un camino para redistribuir cargas y garantizar que la transición verde sea equitativa y sostenible.
Al final, la pregunta “¿Quién paga los daños?” no solo busca un responsable financiero, sino una reflexión más profunda: la crisis climática no es solo ambiental, sino social. Resolverla exige reconocer desigualdades históricas, fortalecer la solidaridad internacional y garantizar que ninguna comunidad quede atrás en la transición hacia un futuro más justo y seguro.
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