Categoría: justicia y gobernanza
Salvar la Amazonía: un llamado urgente ante la minería ilegal y la deforestación
La Amazonía, pulmón verde del planeta, está pasando por graves problemas por la minería ilegal, la tala y la fauna, poniendo en riesgo no solo el ecosistema, sino también la paz y el bienestar de las comunidades que dependen de ella.
Durante mucho tiempo, la minería ilegal, tala, acumulación y tráfico de fauna han movilizado miles de millones de dólares, impulsando la deforestación y la contaminación de comunidades con mercurio. Sin embargo, hay un problema ambiental que sigue ausente en las pláticas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC/UNFCCC).
Sin estado de derecho sólido ni instituciones que abarquen las economías ilícitas, la transición verde se queda en papel. La baja capacidad estatal en zonas amazónicas deja estos territorios expuestos a diversos riesgos. En Brasil, aunque la deforestación está prohibida, la captura de instituciones se filtra entre grietas de inspección y agencias subfinanciadas. En Colombia, grupos con armas moldean la vida cotidiana, frenando la inversión sostenible.
Este vacío es ocupado por actores que imponen expropiaciones y controlan la movilidad; la explotación de oro y madera prohibida financia redes peligrosas y rompe corredores ecológicos. Aunque existen marcos avanzados como los desastres multipropósito, la desigualdad y la inseguridad jurídica desmotivan la inversión responsable.
Brasil acelera la formalización y regularización de tierras, mientras Colombia impulsa programas de justicia y corredores verdes. La sociedad civil desarrolla plataformas digitales que monitorean el uso del suelo y comparten datos con las autoridades.
Salvar la Amazonía es importante: las economías prohibidas de bosques y minerales mueven grandes sumas, enfrentándose a exportaciones legales. Por eso la COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) debe llevar esta problemática al centro de la agenda, fomentando cooperación entre clima y seguridad, y estableciendo métricas claras de estado de derecho, propiedad de tierras y capacidad judicial.
Colombia es clave: lo que ocurre en Caquetá, Guaviare o Putumayo afecta toda la cuenca. Perder la selva significaría vaciar la agenda climática y debilitar un territorio fundamental para la humanidad. La Amazonía ya no puede ser un punto ciego en las negociaciones. Incorporar la lucha contra las economías ilícitas en la agenda ambiental es esencial para proteger los ecosistemas y las comunidades.
La COP30 tiene la oportunidad de reconocer que sin justicia territorial no hay cambio verde posible. Observar lo que ocurre en los territorios es el primer paso para construir soluciones reales, sostenibles y seguras para el futuro de nuestro planeta. Es ahora; juntos podemos salvar la Amazonía y hacer un cambio por el planeta. La selva nos necesita con urgencia: es el momento de actuar. Protegerla no debe ser una opción: no es una necesidad global indispensable.
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