Redacción: Arturo Cruz
La Opinión Consultiva solicitada a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la ONU, referente a las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, ha recibido un respaldo internacional sin precedentes. Vanuatu y más de 80 países la respaldaron desde el inicio del proceso, con argumentos presentados por Estados, juventudes, pueblos del Pacífico e instancias académicas desde marzo de 2023.
Durante audiencias en La Haya, participaron cerca de 98 países, organizaciones y grupos juveniles, incluyendo representantes insulares y comunidades indígenas. Esta amplia movilización ha generado expectativas sobre una interpretación del derecho internacional que reconozca:
- Obligaciones legales claras hacia generaciones presentes y futuras, no simples compromisos voluntarios.
- Protección reforzada de poblaciones vulnerables, víctimas de huracanes, sequías o migraciones climáticas.
- Responsabilidad jurídica estatal por daños al clima debido a acciones u omisiones, especialmente por actividades que emiten masivamente GEI.
La CIJ ya emitió su veredicto el pasado 23 de julio de 2025, declarando que omitir acciones climáticas supone una “violación del derecho internacional” y subrayando la “obligación de reducir emisiones de CO₂, limitar el calentamiento a 1.5 °C, y proteger los ecosistemas como derecho humano”.
Este pronunciamiento, aunque no vinculante, configura un marco jurídico que refuerza el movimiento global por la justicia climática, imprimiendo nueva fuerza a litigios y políticas climáticas nacionales e internacionales.
Impulsos clave del respaldo global:
- Consenso político: la petición fue aprobada por la ONU sin votos en contra, liderada por Vanuatu y apoyada por más de 130 países.
- Participación activa: recibió más de 260 presentaciones escritas y la intervención de casi 100 países en audiencias públicas.
- Testimonios variados: incluyó voces de jóvenes, pueblos insulares, académicos, y organizaciones como Climate Action Network.
Este respaldo sitúa a la CIJ en una posición pionera: es la primera opinión jurídica global que interpreta las obligaciones estatales en clave de derechos humanos ante la emergencia climática. Además, complementa decisiones previas del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y sienta precedentes legales para la próxima COP y litigios nacionales.
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